OBTIENE PGR MÁS DE MIL 200 MILLONES DE PESOS EN ACUERDOS REPARATORIOS

martes, 20 de febrero de 20180 comentarios





Por: Noel F. Alvarado

 

·         Asiste Alberto Elías Beltrán al Foro "Mecanismos Alternativos: Hacia una justicia Reparatoria, Humana y de Calidad".


El número de acuerdos reparatorios facilitados, con un registro de más de mil 500 cumplidos, contabilizan alrededor de mil 200 millones de pesos por concepto de reparación del daño, aseguró Alberto Elías Beltrán, Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales en suplencia del Procurador General de la República.

 

Por lo anterior, Elías Beltrán puntualizó que "Nuestro sistema de justicia penal acusatorio, contiene diversos caminos, alternos al juicio, uno de estos caminos, y quizá, el más importante es el de la justicia restaurativa a través de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC)".

 

Durante la inauguración del Foro "Mecanismos Alternativos: Hacia una justicia Reparatoria, Humana y de Calidad", que se lleva a cabo en el Instituto de Ciencias Penales (INACIPE), Alberto Elías Beltrán, agregó que la importancia de estos mecanismos radica en que ofrecen resolver conflictos sobre la base del diálogo y respeto entre las partes.

 

"Así como de las necesidades reales de la víctima y del reconocimiento al otro como persona que cometió un error y no como un delincuente sin remedio. Abonando así, a una cultura de la paz, basada en la dignidad humana", expuso.

 

Manifestó que la también llamada Justicia Alternativa brinda beneficios sociales, jurídicos y operativos a través de la mediación, conciliación y la junta restaurativa, mismos que se establecieron como los mecanismos específicos que, a nivel nacional, sirven para solucionar controversias penales.

 

Es importante, enfatizó, que todos los operadores del sistema y la población en general, seamos conscientes de que la violencia estatal, o la prisión, no es la única forma de responsabilizar a quien comete un delito.

 

De igual manera, dijo, las autoridades del Estado no son los únicos que determinan en qué sentido resolver un conflicto, pues ahora más que nunca la justicia está en manos de las personas, en aquellos delitos que permiten el uso de mecanismos alternativos.

Enfatizó que en la PGR se trabaja para fortalecer e impulsar el uso de los MASC para solucionar conflictos penales, a través de la capacitación de los servidores públicos y de la colaboración interinstitucional. Además se han generado lineamientos operativos tendientes a guiar la actuación de las Unidades de Atención Inmediata y para fortalecer el Órgano Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.

 

Por su parte, Rommel Moreno Manjarrez, titular de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio (UISPPA), señaló que "la procuración de justicia es un derecho fundamental que requiere iniciar un proceso de mejora continua, a partir del monitoreo, evaluación, supervisión, corrección y ajustes al sistema".

 

Asimismo, prosiguió, "no se puede entender el sistema acusatorio sin reconocer la importancia que hoy en día tienen los acuerdos reparatorios logrados a través de la mediación, la conciliación y de los procesos de justicia alternativa".

 

Finalmente, Rafael Edmundo Mateos, titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, dijo que "la implementación  y consolidación de este sistema requiere un cambio en las instituciones y las instituciones necesitan más y mejores servidores públicos".

 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en agosto pasado, inició la operación del Registro Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, para que las autoridades en la materia tengan una base de datos única respecto a todos los acuerdos reparatorios aprobados.

 

Asimismo, ya se impulsa la firma de un convenio entre la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, que permita hacer más eficiente el registro de información histórica de acuerdos reparatorios.

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