Por: Noel F. Alvarado
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Policía Federal, durante el periodo comprendido del primero de diciembre de 2018 al 5 de agosto de 2019 decomisó mil 294 armas de fuego (807 cortas y 487 de grueso calibre), 3 mil 353 cargadores, 156 mil 610 cartuchos, 41 granadas, dos lanzagranadas y un aditamento para lanzagranadas. Lo que representa neutralizarlas para evitar hechos delictivos.
Esto como parte de las acciones emprendidas por el Gobierno de México para fortalecer los mecanismos de adquisición y portación de armas de fuego, además de implementar operativos nacionales para combatir el tráfico y uso de armas a nivel nacional.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública durante los primeros seis meses del año, del total de víctimas de homicidio doloso en el país, el 72% perdieron la vida por arma de fuego.
Asimismo, información de la Secretaría de Relaciones Exteriores indica que más del 70% de las armas provienen o son de fabricación norteamericana.
Es por ello que el control de armas es uno de los temas prioritarios del Estado mexicano, en cuyos esfuerzos participan principalmente la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina-Armada de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Guardia Nacional y Policía Federal, y la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Dichas autoridades participarán de manera coordinada en operativos en diversos puntos fronterizos en el norte del país, como son Tijuana-San Diego, Ciudad Juárez-El Paso, Reynosa-Matamoros y Nuevo Laredo.
De acuerdo con la Ley Federal de Armas y Control de Explosivos, la Secretaría de la Defensa Nacional es la única institución responsable de la importación y venta de armas dentro del país, a través de un procedimiento de adquisición con diversos requisitos para las diferentes autoridades que lo requieren. De igual forma se mantiene el programa de canje de armas a cargo de esta dependencia.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana coadyuva en la estrategia contra los delitos de alto impacto que aquejan a nuestra sociedad, con el firme objetivo de fortalecer la seguridad y la paz pública.
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