Por: Noel F. Alvarado
"Este Congreso sólo puede tener resultados si se abre a la
ciudadanía, si genera un esquema de construcción legislativa
diferente, donde la voz de los ciudadanos tenga eco en esta tribuna, y
se genere un esquema parlamentario diferente, con la rendición de
cuentas como uno de sus ejes fundamentales", afirmó.
_ _
El legislador, presidente de la Comisión de Rendición de Cuentas y
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, explicó
que con este foro se pretende construir un espacio de diálogo y
reflexión que contribuya a desarrollar políticas públicas que
permitan una mejor rendición de cuentas.
Informó que en los últimos cinco años se han realizado 916
auditorías en la capital, con un costo cercano a los 3 mil 700 millones
de pesos, que han arrojado menos de 100 procedimientos resarcitorios.
Rodríguez, integrante de la fracción parlamentaria de MORENA, destacó
la importancia de realizar la rendición de cuentas y la fiscalización
de los recursos públicos desde una óptica de derechos humanos. "Es
muy importante vincular la rendición de cuentas con una perspectiva de
derechos humanos, porque impacta de manera directa en la calidad de vida
de los habitantes de esta ciudad, en su desarrollo y en oportunidades de
mejores condiciones de vida".
La moderadora del foro, abogada América López Pelcastre, comentó que
la corrupción es considerada el segundo problema más grave que
enfrenta México, sólo después de la delincuencia e inseguridad.
Señaló que la organización Transparencia Internacional calificó a
México en 2010 con 31 puntos en el Índice de Percepción a la
Corrupción; en 2012 con 34, y en 2018 con 28, -en una escala que va de
0 a 100, donde 0 es el país peor evaluado en corrupción y 100 es el
mejor evaluado en la materia-, lo cual significa un marcado retroceso en
la lucha contra la corrupción durante los últimos seis años. Agregó
que actualmente México se ubica en la posición 135 de 180 países
evaluados en materia anticorrupción.
Durante su intervención, Omar González Vega, titular de la Unidad de
Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública,
destacó que todo acto de corrupción conlleva la transgresión de uno o
varios derechos humanos, por lo que su combate debe ser una prioridad de
todo gobierno, mediante la generación de una conciencia en los
servidores públicos de que su actuación debe girar en torno a la
responsabilidad, la honradez, la honestidad, eficacia, la buena
aplicación del presupuesto y correcta ejecución de los programas
sociales.
Aseguró que "la democracia es el gobierno en el que todos somos
responsables", por lo que es necesario que exista una
corresponsabilidad entre gobierno y gobernados, éstos últimos
encargados de exigir resultados y participar dentro de las acciones
democráticas del país. "Los países con menores índices de
corrupción tienen una sociedad más responsable, es decir, que exigen
cuentas y son críticos ante los gobernantes".
En su intervención, Rosa María Sabal Cortés, fundadora del proyecto
Agencia Barrio y con más de 15 años de experiencia en el diseño de
políticas urbanas con perspectiva social, lamentó que la corrupción
se ha vuelto parte de la cotidianidad y de la convivencia normal en esta
ciudad.
"La corrupción es estar fuera de la ley para obtener un beneficio
propio, que perjudica al bien común y a los derechos de todos. Combatir
la corrupción desde una esfera administrativa implica obligar al
corrupto a resarcir el daño".
En tanto, Luis Daniel Vázquez Valencia, profesor del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, indicó que la corrupción no
sólo implica el abuso del poder por parte de quien la ejerce, sino
violaciones de derechos humanos.
Dentro de los actos de corrupción, el académico indicó que de todas
las acciones de corrupción, las que más afectan a la sociedad son los
sobornos, el desvío de recursos, pero en especial, la captura estatal a
favor de particulares; "es el peor tipo de corrupción ya que el
Estado trabaja para los intereses de unos pocos y afecta a los más
vulnerables, ya que implica la distorsión del diseño de las políticas
públicas". También aseguró que las mujeres son quienes sufren más
actos de corrupción.
En su mensaje final, el diputado José Luis Rodríguez resaltó la
importancia de realizar foros abiertos a la población, que permitan a
la ciudadanía incidir en la creación de leyes, contribuyan en el
cambio de pautas de conducta y la convivencia colectiva, para erradicar
esquemas de corrupción e impunidad.
"No tenemos por qué aceptar como sentencias la corrupción ni la
impunidad, tenemos que cambiarlas. Una ciudadanía informada va a ser
una ciudadanía consciente y que no va a permitir que regresemos a
modelos de corrupción e impunidad", concluyó.
Publicar un comentario