Por: Noel F. Alvarado
· Dichos ingresos se destinaría a mejorar la infraestructura vial y peatonal.
Piden información a las secretarías de Movilidad y de Seguridad Pública de las acciones para disminuir accidentes de tránsito.
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) solicitó a las secretarias de Movilidad y de Finanzas, así como a la Contraloría General de la Ciudad de México, informen respecto de la cantidad aportada en el Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón, por parte de la empresa Uber, así como el destino de esos recursos.
El diputado Paulo César Martínez López destacó que desde que Uber inicio sus servicios en 2013 se han convertido en una opción de transporte para los capitalinos y ha generado grandes ganancias.
Cabe resaltar que el gobierno local creo junto con Uber y Cabify el registro para los prestadores de servicio, en el cual se estableció que 1.5 por ciento del cargo de cada viaje de las nuevas plataformas de transporte se destinaría a mejorar el servicio de taxis, la infraestructura vial y peatonal de la ciudad.
De ahí que el diputado recalcó que es indispensable conocer el estado que guardan estos recursos y si han sido aplicados para los fines antes mencionados a fin de aclarar que no haya un desvío de estos recursos.
Dicho fideicomiso se estableció formalmente el 31 de agosto de 2016 y actualmente es manejado por el Banco Interacciones, a través de un comité técnico nombrado por la Secretaría de Movilidad.
En otro punto de acuerdo, los legisladores aprobaron la solicitud de la diputada Francis Pirín Cigarrero a las Secretarías de Movilidad y de Seguridad Pública para que informen sobre las acciones tendientes a disminuir los accidentes de tránsito y su impacto a los habitantes de esta ciudad.
En este sentido, la legisladora señaló que cada año fallecen más de un millón de personas por accidentes de tránsito y se estima que estas cifras podrían aumentar hasta en 65 por ciento en los próximos 20 años, con alrededor de 450 mil accidentes anualmente.
Solicitan resultados de la capacitación de la Red de Intérpretes Traductores en Lenguas Indígenas Especializados en el nuevo Sistema de Justicia
El Pleno de la ALDF aprobó el punto de acuerdo de la diputada Ana Juana Ángeles Valencia para exhortar a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades y de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario a que informen respecto de los resultados de la capacitación de la Red de Intérpretes Traductores en Lenguas Indígenas Especializados en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio que brindan atención a esta población.
En Tribuna, la diputada refirió que la diversidad cultural entre dos o más culturas se da a través del respeto al diálogo para favorecer la integración y la convivencia armónica de todos los individuos.
Por ello, detallo que con base en datos de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y de la SEDEREC la población penitenciaria indígena ascendía en 2017 a 509 personas, cuyos delitos más frecuentes son el robo, agresiones y lesiones.
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