Por: Noel F. Alvarado
" Destaca la importancia de cuatro derechos de participación política de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes plasmados en la Constitución de la Ciudad.
" Debieron ser consultados para el PGDU, asegura
a partir de septiembre las autoridades deberán reconocer su derecho al uso del espacio público, señala.
El diputado de Morena en la Asamblea Legislativa, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, sostuvo que rumbo al nuevo gobierno que tendrá la Ciudad de México en este 2018, será urgente y necesario capacitar en derechos indígenas a las autoridades que resulten electas.
Lo anterior, a efecto de dar cumplimiento a la Constitución de la Ciudad, que entrará en vigor en septiembre próximo.
En el foro denominado Derechos indígenas en la Ciudad de México, Suárez del Real precisó que son cuatro los derechos de participación política que garantiza la norma local: el derecho a ser consultados, el derecho a formar parte de la vida pública de donde viven, el derecho al acceso a cargos de representación popular y, por último, el derecho a reconocer en la Ciudad a sus autoridades tradicionales y a que se garantice su legitimidad.
Por ello y dado que estamos a unos meses de que entre en vigor la Constitución local, se violó el derecho de los pueblos y barrios originarios y el de las comunidades indígenas residentes a ser consultados para el Programa General de Desarrollo Urbano, aseguró el legislador de Morena.
La consulta, precisó Suárez del Real, debió ser de buena fe para obtener el consentimiento de los pueblos de manera libre, previa e informada, lo cual no se realizó, por lo cual la iniciativa del PGDU que mandó el jefe de Gobierno a la Asamblea debió regresarse no con observaciones, sino por ser inconstitucional.
Por eso y para evitar estos atropellos a los derechos indígenas, será necesario que las próximas autoridades capitalinas sean capacitadas en esos temas que cobran importancia al estar plasmados en la Constitución capitalina, señaló.
Suárez del Real agregó, además, el derecho ancestral que tienes los pueblos, barrios y comunidades indígenas, al uso de espacio público para la venta de sus productos y artesanías.
El legislador precisó que en el artículo 10, literal B, numeral 12 de la Constitución local, se establece que: las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de servicios que producen bienes y artesanías, y comerciantes, tienen derecho a realizar un trabajo digno, a recibir capacitación y a asociarse para defender sus intereses.
A lo anterior se suma, destacó Suárez del Real, la obligación de las autoridades para garantizar los derechos de las personas no asalariadas que realicen actividades en el espacio público, mediante el establecimiento de zonas especiales de comercio y cultura popular.
Es decir, explicó, que ahora las autoridades ya no les podrán cobrar una "mordida" por estar en el espacio público al comercializar sus artesanías.
Si las autoridades reconocen y garantizan todos estos derechos, concluyó Suárez del Real, será un gran paso en la construcción de derechos de participación política de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, que otorga la Constitución de la Ciudad de México a partir del 18 de septiembre de 2018.
Al hacer uso de la palabra, el maestro Bernardo Bátiz, ex diputado Constituyente, sostuvo que en la Ciudad de México no hay justicia para los pueblos y barrios originarios ni para las comunidades indígenas residentes.
Por lo que es necesario un cambio de fondo para todos los habitantes de la ciudad, donde haya justicia social, es decir, donde exista igualdad entre todos los integrantes de una comunidad.
La justicia social, explicó el maestro Bátiz, implica que todos tengamos oportunidades y que los niños indígenas reciban educación en sus lenguas maternas, junto con los niños que hablen castellano y que se respeten mutuamente, entendiendo que la pluralidad es una riqueza que mejora a las comunidades.
Por su parte, el también ex diputado Constituyente Aristeo López destacó la importancia de los peritos traductores en el sistema de justicia de la Ciudad de México.
Aristeo López explicó que, desde hace más de 30 años, el derecho de las personas indígenas a un perito traductor fue reconocido a nivel internacional, sin embargo, en México se reconoció apenas en 2004 y, aunque está plasmado en las leyes, en la práctica no se realiza.
En lo mismo coincidió Osvaldo Pedro Mariscal, agente del Ministerio Público, quien señaló que en la Agencia del MP especializada en personas indígenas, no sólo se atiende a indígenas, sino se brinda servicio a turistas y a usuarios del metro, por lo que no se especializa en la atención a indígenas.
Esta situación, indicó, impide que se contrate a abogados expertos en lenguas maternas, lo cual es necesario pues en promedio existen 30 variantes de una sola lengua, lo que hace difícil su comprensión, pero es necesario entender efectivamente a los hablantes para no vulnerar sus derechos humanos básicos.
Por su parte, la ex diputada Constituyente, Consuelo Sánchez, hizo hincapié en que la Constitución capitalina reconoce que la Ciudad de México tiene una composición pluricultural, multiétnica y bilingüe, y que se deben garantizar los derechos de los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes.
Uno de ellos de suma importancia, subrayó, es el derecho a la autonomía, en el cual los pueblos, barrios y comunidades tienen derecho a decidir sobre sus autoridades y sus formas de organización política, cultural y económica.
Además, agregó Consuelo Sánchez, los integrantes de estas comunidades podrán participar en todos los programas y planes del gobierno de la ciudad.
Por último, Marco Antonio Ruiz Hernández, hijo del licenciado Benancio Ruiz, a quien le rindieron un homenaje póstumo por su labor en beneficio de las comunidades indígenas, sostuvo que en la Ciudad es urgente que las autoridades atiendan las demandas indígenas entre las que se encuentran la vivienda digna, la procuración e impartición de justicia, el empleo y la salud.
Pero para lograrlo, dijo, es necesario que los gobiernos tengan firme y claro su deseo de combatir el rezago y la desigualdad social.
Ruiz Hernández finalizó haciendo un llamado a sus compañeros indígenas a rescatar la identidad indígena y a valorar la riqueza cultural de los pueblos y barrios originarios y de las comunidades indígenas residentes, pero también a defender lo ya ganado en la Constitución capitalina en los artículos 2, 11, 15, 21, 26, 52, 57, 58 y 59.
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