Por: Noel F. Alvarado
Como parte de su compromiso permanente con la promoción de los derechos humanos, funcionarios de alto nivel del Gobierno de la República participaron el día de hoy en dos audiencias públicas, en el marco del 167° período extraordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se lleva a cabo en la ciudad de Bogotá, Colombia.
En la primera audiencia, relativa al seguimiento de las medidas cautelares de la CIDH en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, la representación del Gobierno reiteró frente a los familiares de las víctimas y sus representantes, su determinación de arribar a conclusiones en las investigaciones este mismo año, en el marco del deber de la presente administración de procurar la justicia, conocer la verdad, deslindar responsabilidades y dar las respuestas que legítimamente demandan las víctimas y la sociedad mexicana.
En ese marco, el Fiscal Especial para el Caso Iguala de la Procuraduría General de la República, compartió distintas actualizaciones sobre la atención al cronograma acordado con las partes, y avances relevantes. Destacó que en las últimas semanas se ha allegado información importante para la identificación del móvil de los hechos, que además daría cuenta del nivel de involucramiento de la organización criminal, y el papel de las corporaciones municipales, en un esquema de organización delictiva importante. Ello, no obstante, deberá ser corroborado, incluso en el marco del diálogo con los representantes de las víctimas.
Asimismo, en la audiencia fue posible abordar aspectos relacionados con la atención a las víctimas, lo que permitió subrayar el compromiso del Gobierno de México por contar con planes individuales, con base en un estudio de atención psicosocial, que será objeto de un análisis detallado y diálogo con los propios representantes.
Por último, se actualizó a la Comisión sobre el seguimiento a alegaciones de la presunta comisión de actos de tortura en contra de algunos de los detenidos. Al respecto, se destacó que, de los casos analizados y sometidos a dictámenes bajo el Protocolo de Estambul, no se ha acreditado la comisión de tales actos, no obstante que se continuarán realizando las diligencias que correspondan. Además, se subrayó que en esos casos existen otras pruebas en los expedientes, más allá de las confesiones que los detenidos pudieran haber aportado, que fortalecen las respectivas causas penales.
En lo que toca a la audiencia sobre la Ley de Seguridad Interior, se ofreció información actualizada sobre los objetivos, alcances y procedimientos de la ley, que además se encuentra bajo consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así, subrayó que la ley busca establecer normas claras para la labor auxiliar de la Federación – y de las fuerzas armadas – para atender las amenazas a la seguridad interior, cuando su magnitud supere las capacidades efectivas de las autoridades civiles directamente responsables. Ello, en un marco de absoluto respeto a los derechos humanos y con salvaguardas claras en materia de gradualidad, temporalidad y transparencia, como lo contempla la ley.
La delegación de alto nivel que representó al Estado mexicano, fue encabezada por el Subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Embajador Miguel Ruiz Cabañas, por el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Rafael Avante Juárez, y por la Subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, Sara Irene Herrerías Guerra.
Con su participación en las sesiones de la CIDH, el Gobierno de la República hace patente su compromiso absoluto con los derechos humanos en el país, al tiempo que reitera su política de apertura y colaboración con la CIDH y las organizaciones de la sociedad civil.
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