Por: Noel F. Alvarado
Como parte de su política de cooperación con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Gobierno de la República participará en el 167º período extraordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en cuyo marco se llevarán a cabo dos audiencias públicas y distintas reuniones de trabajo, los días 1 y 2 de marzo de 2018, en la ciudad de Bogotá, Colombia.
La representación del Gobierno de México incluirá funcionarios de alto nivel de las Secretarías de Gobernación (SEGOB), Relaciones Exteriores (SRE) y Defensa Nacional, así como de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Las dos audiencias públicas abordarán aspectos relacionados con la Ley de Seguridad Interior, que fue recientemente aprobada por el Congreso de la Unión y se encuentra bajo consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como sobre el seguimiento a las medidas cautelares de la CIDH en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", de Ayotzinapa, Guerrero.
En el primer caso, la audiencia ofrecerá una oportunidad para compartir con la CIDH información actualizada sobre la Ley de Seguridad Interior y sobre su contenido y alcances, incluyendo en lo que se refiere a los aspectos que contempla en materia de respeto y protección de los derechos humanos, entre otros.
En el caso de la audiencia sobre el caso Ayotzinapa, la representación gubernamental ofrecerá información actualizada a la CIDH y a los representantes y familiares de las víctimas, sobre los desarrollos en materia de investigación, búsqueda y atención a víctimas. En específico, se compartirán los desarrollos en el seguimiento a un cronograma detallado de acciones que en su momento fue acordado por las partes, así como en lo que se refiere a la voluntad del Gobierno de procurar la atención integral a las víctimas, a través de esquemas acordados de atención psicosocial.
La participación en las audiencias y en las reuniones de trabajo sobre otros casos de medidas cautelares y soluciones amistosas, permitirá reafirmar el compromiso del Gobierno de la República con el importante mandato de la CIDH en materia de promoción y protección de los derechos humanos en el hemisferio.
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