A DOS AÑOS
Cuestionan pesquisas del caso Narvarte
La CDHDF emite una recomendación.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), emitió una recomendación a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por presuntas irregularidades en la investigación en el caso del homicidio de cuatro mujeres y del fotoperiodista Rubén Espinosa, el 31 de julio del 2015, en la Colonia Narvarte.
A casi dos años de los hechos, la CDHDF señaló que las actuaciones ministeriales se realizaron en contra de los protocolos establecidos, que hubo una falta de seguimiento de líneas de investigación con perspectiva de género, derechos humanos y centradas en las actividades políticas y periodísticas de dos de las víctimas: Rubén Espinosa y Nadia Vera.
Durante la presentación de la Recomendación 4/2017, la titular de la Comisión, Perla Gómez Gallardo, dijo que las autoridades policiales y periciales filtraron datos personales de las víctimas y de las averiguaciones previas a los medios de comunicación, por lo que expuso a las víctimas del caso.
"Los medios de comunicación malinterpretaron y dieron por cierto que Rubén Espinosa consumía drogas y, que las mujeres —una de origen colombiano— se dedicaban a la prostitución o que horas antes tuvieron relaciones sexuales por lo que suponían que fue una causa del multihomicidio".
Gómez Gallardo comentó que los acontecimientos de dicha investigación dan cuenta del incumplimiento de las autoridades responsables de garantizar la protección de los derechos humanos, de acuerdo a los más altos estándares en la materia, así como a realizar una investigación acorde a las leyes e instrumentos vigentes.
Por ello, solicitó a la Procuraduría capitalina, en 18 puntos, que en un plazo que no exceda los 90 días naturales, se presente un plan integral de investigación que tenga por objeto subsanar las omisiones del caso Narvarte.
Deberán agotar y determinar en el plan integral todas las líneas de investigación, incluyendo las relativas a la actividad periodística de Rubén Manuel Espinosa Becerril, y de la defensa de derechos humanos realizada por Nadia Dominique Vera Pérez, así como buscar y castigar a quienes filtraron información personal de los asesinados durante las investigaciones.
Además la indemnización íntegra del daño a los familiares de los fallecidos, actualización de la investigación conforme al Nuevo Sistema de Justicia Penal y capacitación del personal de la PGJ.
"La Procuraduría continúa agotando las investigaciones; no obstante, la deficiente conducción de las mismas, la omisión de aplicar protocolos para cada tipo de delito (...) Resulta preocupante que en las investigación se dejaran de realizar con las acciones pertinentes", concluyó Perla Gómez.
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