Cárteles trasnacionales, de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación,
objetivos de Estrategia de seguridad de Sheimbaun
Francisco Montaño
Los cárteles trasnacionales, de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación son los principales objetivos de la estrategia de seguridad para la pacificación del país, de la presidenta electa Claudia Sheimbaun.
En los primeros 100 días de gobierno de Sheimbaun, su Gabinete de Seguridad Nacional aplicará un modelo unificado de atención a delitos de alto impacto, cuyo tercer rubro se enfoca en la Inteligencia, investigación, judicialización y detención estratégica.
Éste punto se centra en el despliegue de 10 Unidades Especiales Tácticas Operativas y de Inteligencia.
Identificar liderazgos de primero,
segundo y tercer nivel de las
organizaciones criminales. Elaboración de fichas criminales,
revisión de antecedentes criminales y judicialización. Ejecución de cateos y cumplimiento de órdenes de aprehensión en puntos
de mayor incidencia. Detenciones estratégicas de los objetivos que pudieran detonar acciones violentas tras su detención (Estrategia de Ajedrez). Programa de recompensas sobre objetivos generadores de violencia que cuenten con órdenes de aprehensión.
La Estrategia de Seguridad de los Primeros 100 Días, que incluye un breve diagnóstico con los asuntos que serían prioritarios, fue elaborado, aparentemente, por mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
En las primeras páginas del archivo se especifica que los objetivos para los primeros 100 días del próximo gobierno son: disminuir la incidencia de homicidios dolosos y delitos de alto impacto, mejorar la percepción ciudadana sobre la actuación el gobierno ante hechos violentos, neutralizar generadores de violencia y redes criminales y, finalmente, pacificar al país.
Para la consecución de tales metas, las autoridades contemplan una serie de estrategias como el fortalecimiento de labores de inteligencia e investigación, el robustecimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y la coordinación integral entre miembros del gabinete.
Acorde con el documento, se pretende consolidar un Modelo Unificado de Atención a Delitos de Alto Impacto, el cual permitiría:
Realizar un diagnóstico regional del fenómeno de la violencia, mediante un análisis de las redes criminales y su protección institucional, así como la homologación de la metodología para clasificar los homicidios ligados al crimen organizado.
Implementar acciones de prevención focalizada con presencia interinstitucional en zonas de mayor incidencia, un programa de atención la extorsión y cobro de piso, acciones para fomentar la denuncia y el desarme ciudadano, verificación administrativa en negocios como bares y cervecerías, operativos para detectar vehículos robados e integración de programas sociales con participación ciudadana.
Coordinar labores de inteligencia, investigación, judicialización y detención estratégica a través de la identificación de liderazgos de todos los niveles en los grupos criminales, una estrategia 'de ajedrez' para anticipar acciones violentas tras la detención de objetivos prioritarios y un programa de recompensas para generadores de violencia con órdenes de aprehensión.
Dentro de los temas considerados prioritarios destaca la identificación de diez municipios que concentran una cuarta parte (25.3%) de los homicidios vinculados a la delincuencia organizada registrados en todo el país: Colima, Tijuana, Acapulco, Celaya, Cajeme, Ciudad Juárez, Tlajomulco de Zúñiga, Chihuahua, León y Benito Juárez.
En el arranque de su administración, el gabinete de Sheinbaum Pardo atenderá primordialmente seis de estos territorios: Tijuana (Baja California), León (Guanajuato), Celaya (Guanajuato), Acapulco (Guerrero), Benito Juárez (Quintana Roo) y Colima (Colima).
Asimismo, el diagnóstico incluye como un asunto de alta relevancia la extorsión a productores de limón en el estado de Michoacán, una actividad ilícita que múltiples grupos criminales han mantenido en años recientes para financiar sus enfrentamientos con organizaciones rivales en las disputas territoriales.
Finalmente, se contempla la situación de violencia que prevalece en el estado de Chiapas, producto de la pugna entre el Cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación (CJNG). En este rubro, se prevé implementar programas de bienestar, operativos de seguridad permanentes como mecanismo de prevención y acciones de desarrollo comunitario para la construcción de paz.
objetivos de Estrategia de seguridad de Sheimbaun
Francisco Montaño
Los cárteles trasnacionales, de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación son los principales objetivos de la estrategia de seguridad para la pacificación del país, de la presidenta electa Claudia Sheimbaun.
En los primeros 100 días de gobierno de Sheimbaun, su Gabinete de Seguridad Nacional aplicará un modelo unificado de atención a delitos de alto impacto, cuyo tercer rubro se enfoca en la Inteligencia, investigación, judicialización y detención estratégica.
Éste punto se centra en el despliegue de 10 Unidades Especiales Tácticas Operativas y de Inteligencia.
Identificar liderazgos de primero,
segundo y tercer nivel de las
organizaciones criminales. Elaboración de fichas criminales,
revisión de antecedentes criminales y judicialización. Ejecución de cateos y cumplimiento de órdenes de aprehensión en puntos
de mayor incidencia. Detenciones estratégicas de los objetivos que pudieran detonar acciones violentas tras su detención (Estrategia de Ajedrez). Programa de recompensas sobre objetivos generadores de violencia que cuenten con órdenes de aprehensión.
La Estrategia de Seguridad de los Primeros 100 Días, que incluye un breve diagnóstico con los asuntos que serían prioritarios, fue elaborado, aparentemente, por mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
En las primeras páginas del archivo se especifica que los objetivos para los primeros 100 días del próximo gobierno son: disminuir la incidencia de homicidios dolosos y delitos de alto impacto, mejorar la percepción ciudadana sobre la actuación el gobierno ante hechos violentos, neutralizar generadores de violencia y redes criminales y, finalmente, pacificar al país.
Para la consecución de tales metas, las autoridades contemplan una serie de estrategias como el fortalecimiento de labores de inteligencia e investigación, el robustecimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y la coordinación integral entre miembros del gabinete.
Acorde con el documento, se pretende consolidar un Modelo Unificado de Atención a Delitos de Alto Impacto, el cual permitiría:
Realizar un diagnóstico regional del fenómeno de la violencia, mediante un análisis de las redes criminales y su protección institucional, así como la homologación de la metodología para clasificar los homicidios ligados al crimen organizado.
Implementar acciones de prevención focalizada con presencia interinstitucional en zonas de mayor incidencia, un programa de atención la extorsión y cobro de piso, acciones para fomentar la denuncia y el desarme ciudadano, verificación administrativa en negocios como bares y cervecerías, operativos para detectar vehículos robados e integración de programas sociales con participación ciudadana.
Coordinar labores de inteligencia, investigación, judicialización y detención estratégica a través de la identificación de liderazgos de todos los niveles en los grupos criminales, una estrategia 'de ajedrez' para anticipar acciones violentas tras la detención de objetivos prioritarios y un programa de recompensas para generadores de violencia con órdenes de aprehensión.
Dentro de los temas considerados prioritarios destaca la identificación de diez municipios que concentran una cuarta parte (25.3%) de los homicidios vinculados a la delincuencia organizada registrados en todo el país: Colima, Tijuana, Acapulco, Celaya, Cajeme, Ciudad Juárez, Tlajomulco de Zúñiga, Chihuahua, León y Benito Juárez.
En el arranque de su administración, el gabinete de Sheinbaum Pardo atenderá primordialmente seis de estos territorios: Tijuana (Baja California), León (Guanajuato), Celaya (Guanajuato), Acapulco (Guerrero), Benito Juárez (Quintana Roo) y Colima (Colima).
Asimismo, el diagnóstico incluye como un asunto de alta relevancia la extorsión a productores de limón en el estado de Michoacán, una actividad ilícita que múltiples grupos criminales han mantenido en años recientes para financiar sus enfrentamientos con organizaciones rivales en las disputas territoriales.
Finalmente, se contempla la situación de violencia que prevalece en el estado de Chiapas, producto de la pugna entre el Cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación (CJNG). En este rubro, se prevé implementar programas de bienestar, operativos de seguridad permanentes como mecanismo de prevención y acciones de desarrollo comunitario para la construcción de paz.
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