La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) comenzó un proceso administrativo sancionador para revocar el permiso e imponer una multa económica a la empresa de seguridad privada que custodiaba la Estación Migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Así lo informó la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, durante la conferencia de prensa que ofreció en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, acompañada por la fiscal especial en materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República (FGR), Sara Irene Herrerías.
Rodríguez reiteró que el Gobierno de México siempre va estar del lado de las víctimas y tiene como atención prioritaria la recuperación de las 28 personas heridas.
Precisó que la acción administrativa contra la empresa es paralela a la investigación que lleva la FGR sobre los hechos donde fallecieron 39 personas migrantes el pasado 27 de marzo.
Aseguró que la empresa fue identificada como Grupo de Seguridad Privada CAMSA S.A. de C.V., cuya solicitud de registro ante la Dirección General de Seguridad Privada fue el 3 de septiembre del 2020, con una autorización vigente a febrero de 2024.
Explicó que de la revisión del expediente derivó una primera irregularidad, pues la empresa sólo tenía registrados 4 elementos de seguridad con 10 uniformes, pero el contrato con el Instituto Nacional de Migración (INM) era por 503 elementos.
"La empresa de seguridad privada no cuenta con permiso de portación de armas y en los informes mensuales, que está obligada a rendir, no reportó altas o bajas del personal", explicó.
Incluso, expuso, se solicitó al Instituto Nacional de Migración (INM) rescindir el contrato con esta empresa y, a partir de las próximas horas, elementos del Servicio de Protección Federal (SPF) asumirán las labores de seguridad en las instalaciones de la Estación Migratoria de Ciudad Juárez.
La coordinadora del Gabinete de Seguridad Nacional reiteró que no habrá impunidad.
Reportó que el subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, y un equipo de la SSPC continúan en Ciudad Juárez, donde han visitado a las víctimas hospitalizadas y mantienen un trabajo coordinado con todas las instituciones que participan en el caso.
Asimismo, personal de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) fue desplegado en el municipio para brindar acompañamiento a las acciones que se realizan.
Además, se estableció comunicación con el Instituto Nacional de Migración para coordinar la logística y conocer las condiciones existentes en materia de protección civil en la Estancia Provisional de la Estación Migratoria.
Agregó que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comunicó con el equipo que está en Ciudad Juárez y lo instruyó a dar prioridad a la atención de los heridos y afectados.
Dio a conocer que el personal médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y del Hospital General del Estado y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) recomendó no mover a las víctimas, ya que están recibiendo la atención necesaria.
Hay una mesa de trabajo con personal del Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la que hay representantes de El Salvador, Honduras, Guatemala y Venezuela para apoyar en todos los trámites que se requieran para las víctimas y sus familias, comentó.
Y se iniciará un proceso para lograr la reparación del daño a los familiares de las víctimas.
"Sabemos que el dolor y la tristeza que genera la pérdida de vidas no se supera jamás con esta acción, sin embargo, es nuestra obligación institucional y moral proteger a las familias de las víctimas", dijo la secretaria.
Destacó que el Gobierno tiene como alta prioridad el respeto a los derechos humanos de todas las personas, sin importar su condición migratoria.
Por eso, explicó, se refrenda la solidaridad con las familias y naciones hermanas afectadas por los hechos.
En tanto, la fiscal Herrerías informó que esta madrugada finalizó la audiencia y se concedieron seis órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio doloso y lesiones contra tres funcionarios del INM, dos policías de seguridad privada y la persona que inició el incendio.
Añadió que en el transcurso del día se llevará a cabo la audiencia de imputación y vinculación; además, la investigación se amplía a todas las áreas de responsabilidad del INM.
"Se solicitó toda la documentación que acredite la operación de estas estaciones migratorias, así como sus responsables y la reglamentación que la norma. Para decirlo con toda claridad, cuáles eran sus obligaciones y cuáles fueron sus acciones u omisiones punibles", explicó.
Se está trabajando, indicó la fiscal, en coordinación con el equipo de la SSPC, que encabeza la secretaria para establecer cuál es la estructura organizacional del INM.
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