La sociedad civil y las autodefensas comunitarias de Guerrero, demandaron la intervención de la gobernadora Evelyn Salgado, para evitar más hechos de violencia y terrorismo, como los ocurridos en varias colonias de Chilpancingo y proceder contra los grupos criminales que los generan.
En entrevista, integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), advirtieron, sin embargo, que en los municipios donde tienen presencia no van a permitir ningún tipo de delito, como el rapto de menores, secuestro y la extorsión, entre otros.
Los policias comunitarios de la Costa Chica denunciaron que el gobierno no ayuda en nada en materia de seguridad pública y , por el contrario los hostigan, pero a pesar de eso en sus municipios no son víctimas de la delincuencia como Chilpancingo.
Ahorita, destacaron, Marquelia, por ejemplo, está limpia de cuotas, no hay secuestros, abigeato, extorsión o robo, gracias a la policía ciudadana, que desde 2013 está trabajando duro, para que sus municipios estén tranquilos.
Criticaron a la Fiscalía General del estado de Guerrero y a la Policía Estatal, por no investigar y detener a la delincuencia organizada, que ha perpetrado actos ya considerados de terrorismo y propagado el miedo en miedo entre la población.
Condenaron también la represión en contra de las manifestaciones y bloqueos de los familiares de las víctimas para exigir justicia, y que provienen de colonias pueblos, municiipios dónde la autoridades no cumplen con su trabajo y dónde desafortunadamente no hay presencia de la policía ciudadana.
Es absurdo, dijeron, que la Policía Antimotines solo sirva para golpear y enfrentarse con mujeres y niños, como se vió en las marchas para exigir la búsqueda de personas desaparecidas, como la estudiante Yoseline Patricio, en Acapulco, o los choferes Luis René Nolasco García y Kevin Nicolás Hidalgo Salinas, en el Boulevard Vicente Guerrero y la colonia Emiliano Zapata, respectivamente.
Sobre las balaceras, apagones e incendio de vehículos en Chilpancingo, se presume que los realizó el Cártel de la Sierra que tiene el control de la capital de Guerrero y se debieron a que el lunes fueron detenidos tres presuntos extorsionadores, entre ellos, un agente de la Policía Ministerial, quienes pertenecían al grupo criminal "Los Tlacos".
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