‘Los Rojos’ y ‘Guerreros Unidos’, con sanciones del Departamento del Tesoro EEUU

'Los Rojos' y 'Guerreros Unidos', con sanciones 

del Departamento del Tesoro EEUU

Lino Calderón 

Los cárteles mexicano de 'Los Rojos' y 'Guerreros Unidos' fueron incluidos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en la lista de sanciones a personas y grupos que trafican con fentanilo y sus precursores químicos, metanfetamina, cocaína y heroína, así como organizaciones que representan la mayor amenaza para la introducción de drogas en el país.

Tras firmar el presidente Joe Biden una nueva orden ejecutiva que pretende actualizar las sanciones impuestas por el Tesoro para combatir el tráfico ilícito de drogas, la inclusión de los grupos de México, Colombia, Brasil y China busca hacer frente a las más de 100 mil muertes por sobredosis que registró Estados Unidos entre abril de 2020 y abril de 2021.

De esta manera, 'Los Rojos' y 'Guerreros Unidos' se unen a una lista en la que se encuentran organizaciones y personas como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa, Ismael 'El Mayo' Zambada, los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, la organización de los Beltrán Leyva, Los Zetas, el Cártel de Juárez, el Cártel del Golfo, entre otras.

De acuerdo con la comunicación del Departamento del Tesoro, 'Los Rojos' es un grupo escindido del cártel de los Beltrán Leyva, "que en los últimos años se ha convertido en una de las organizaciones criminales más poderosas de México".

"Además de generar violencia en México, la organización de Los Rojos es responsable del tráfico de numerosas drogas ilícitas, incluida la heroína, hacia los Estados Unidos", menciona.

Por su parte, menciona que  'Guerreros Unidos' es una organización de tráfico de drogas con sede en Guerrero, México, originalmente escindida del cártel de los Beltrán Leyva.

"A través de la violencia, expandió su papel en el comercio de heroína. Guerreros Unidos colabora con la organización mexicana de narcotráfico, Cartel Jalisco Nueva Generación, y comparte las mismas redes de transporte para trasladar cargamentos de drogas a Estados Unidos y devolver las ganancias de las drogas a México", menciona.

La orden ejecutiva firmada por Biden, fortalece al Tesoro para que pueda perseguir a cualquier persona extranjera involucrada en actividades de tráfico de drogas, independientemente de si están vinculados a un capo o cartel específico.

Además, permite al Tesoro sancionar a personas extranjeras que, a sabiendas, reciban bienes que constituyan o se deriven del producto de actividades de tráfico ilícito de drogas.

Bajo esta orden, titulada "Imposición de sanciones a personas extranjeras involucradas en el comercio ilícito de drogas", la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó este miércoles a 25 actores (10 personas y 15 entidades) en cuatro países "por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que hayan contribuido sustancialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción, o que presenten un riesgo significativo de contribuir materialmente a ella".

 "El tráfico ilícito de drogas amenaza nuestra seguridad nacional, economía, comunidades y familias", dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson.

"Más de 100,000 estadounidenses murieron en solo doce meses por una sobredosis de drogas, un aumento récord del 28 por ciento que fue impulsado en gran parte por los opioides sintéticos, particularmente el fentanilo", puntualizó.

"Usando la nueva OE del presidente Biden, el Tesoro desplegará su autoridad de sanciones con mayor velocidad, poder y efecto en todo el ecosistema de drogas ilícitas, especialmente aquellos que se benefician de la muerte y la miseria de la epidemia de opioides. Continuaremos trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios para reducir las amenazas de estos grupos e interrumpir sus modelos comerciales, incluso impidiéndoles utilizar el sistema financiero de Estados Unidos", mencionó.

La nueva orden ejecutiva se basa en las sanciones impuestas por el Tesoro bajo una orden similar firmada en 1995, así como en la llamada Ley de Cabecillas de 1999.