Exigen diputados transparencia de
recursos por sismos y castigo a desvíos.
Sofìa González
En sesión solemne por los sismos del 19 de septiembre de 1985 y de 2017, en la Cámara de diputados, las fracciones parlamentarias exigieron transparentar los recursos destinados a la reconstrucción y a los apoyos de damnificados por el terremoto del año pasado, así como castigar a quienes hayan hecho uso indebido del dinero público o donado.
"La tristeza y el dolor que nos causaron los sismos hace tres décadas y hace un año no puede ser separada nunca de la indignación que nos trae saber que las pérdidas humanas fueron, sobre todo, producto de la corrupción y de la negligencia criminal de empresas inmobiliarias depredadoras y gobiernos dedicados a sus negocios privados y no al bienestar público", afirmó Dolores Padierna, diputada de Morena.
Una investigación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) encontró irregularidades y un desvío millonario en el programa de tarjetas para los damnificados de los sismos de septiembre, denunció hoy la ONG Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
"Según la pesquisa, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) emitió múltiples tarjetas a nombre de 1.495 beneficiarios. La autoridad bancaria documentó que a esos plásticos se depositaron 68,8 millones de pesos (unos 3,6 millones de dólares)", explicó la organización.
MCCI contactó a damnificados cuyos nombres aparecen en hasta 34 tarjetas y detectó incluso que algunos de ellos, pese a la supuesta recepción de ayudas, "ni siquiera recibieron una tarjeta", a la que se depositan los fondos.
Según datos oficiales, se contabilizaron 180 mil 753 viviendas colapsadas, así como 12 millones de personas afectadas, entre las cuales al menos 2 millones están en calidad de damnificadas.
Seguro que estos datos se irán actualizan- do con los censos puntuales que se vayan generando a partir de los diagnósticos que aportarán los centros académicos y las organizaciones civiles.
También debe observarse que estas tragedias tienen rostros humanos ya que muchos viven en la precariedad desde siempre, han sido los damnificados históricos, los excluidos por las políticas económicas, pero también están otros que han sufrido las consecuencias de
la corrupción que otorgó permisos de cons- trucción a las grandes inmobiliarias que no cubren los mínimos reglamentos.
das son proporcionalmente pocas, algunas en edificios antiguos construidos con espe- cificaciones técnicas inferiores a las carac- terísticas del sismo, pero otras de ingresos medios principalmente en las delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez y Coyoacán que habitaban edificios relativamente nuevos construidos de acuerdo a la nueva normati- vidad posterior a los sismos de 1985. Llama la atención el hecho de que prácticamente la totalidad de los edificios afectados se ubican en la llamada zona de transición o zona blanda correspondiente a la margen del lago; es evidente la necesidad de revisar profun- damente la normatividad tanto de uso del suelo como de construcción en esta zona.
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