Por: Noel F. Alvarado
La Fiscalía General de la República (FGR) se inconformará, por la vía de la apelación, en contra de la determinación de un Juez de Control, con sede en el Reclusorio Preventivo Norte, quien resolvió no vincular a proceso a Simón "L", ex funcionario de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).
De acuerdo con la investigación, el servidor público imputado autorizó indebidamente la contratación entre dos entidades públicas, una federal y otra local, lo que el juzgador argumentó como legítimo.
En su momento, la Fiscalía General de la República hizo saber al juez, con toda claridad, que la operación efectuada entre la SEDESOL y la Universidad Intercultural del Estado de México, fue utilizada para otorgar un contrato por 124 millones 100 mil pesos, para la elaboración de un padrón de beneficiarios sociales, a través de una herramienta denominada Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS).
La FGR acreditó que la CUIS no fue realizada de manera directa por la Universidad en virtud de no contar con capacidad técnica, material y humana, por lo que la institución educativa subcontrató a dos empresas para estas tareas.
De tal forma que, del contrato otorgado por 124 millones 100 mil pesos, la Universidad pagó a esas dos empresas 61 millones 222 mil 808 pesos, sin acreditar el destino del monto restante, equivalente a 62 millones 877 mil 192 pesos.
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