Por: Noel F. Alvarado
Las integrantes del Primer Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México
exigieron erradicar las prácticas de discriminación, inequidad,
violencia laboral, violencia económica, violencia sexual, acoso y
hostigamiento, generados en centros de investigación, institutos de
investigación e institutos de educación superior.
Durante la sesión plenaria de este miércoles, realizada en la antigua
sede del Senado de la República, las parlamentarias hicieron un llamado
al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), a la secretarías de Educación de
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México; de
Educación Pública y de la Mujer de la Ciudad de México, para que
incluyan la perspectiva de género en sus leyes, reglamentos,
evaluaciones y contratos laborales, como un instrumento para proteger
los derechos de las académicas y científicas.
Entre las iniciativas que se discutieron en esta sesión destacan
también las siguientes:
1) La propuesta de modificar el Reglamento de Construcciones local,
con el propósito de prevenir el acoso y hostigamiento sexual hacia
mujeres y niñas en el espacio público.
2) El dictamen por el que se expide el Código de Civilidad Política
del Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México 2019.
3) En materia de medio ambiente y derechos humanos, presentaron una
iniciativa mediante la cual se pide que el gobierno de la Ciudad de
México y las alcaldías cumplan con la obligatoriedad de proporcionar,
cuidar, mantener y acrecentar un mínimo de 9.2 metros cuadrados de
áreas verdes por habitante; así como modificar diversos artículos de
la Ley Constitucional de Derechos Humanos para garantizar el disfrute
pleno de un ambiente sano, así como el derecho al agua y su
saneamiento.
Finalmente, las legisladoras se manifestaron respecto a la urgencia de
generar una política pública en favor de la igualdad sustantiva, el
acceso a la justicia y a una vida libre de violencias para todas las
mujeres capitalinas.
También sobre la construcción de un marco normativo que promueva la
progresividad de los derechos humanos y la igualdad de género en las
leyes y disposiciones reglamentarias, que permitan reducir las brechas
de desigualdad y asegurar la protección de los derechos de las mujeres
en la capital.
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