Por: Noel F. Alvarado
La Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del
Poder Legislativo local aprobó el dictamen para reformar la
Constitución local, y con ello ampliar el plazo para la entrada en
vigor de diversas disposiciones e instituciones consagradas en la Carta
Magna citadina.
En reunión de trabajo, las y los integrantes de comisión que preside
el diputado Nazario Norberto Sánchez, avalaron las modificaciones al
articulado constitucional. En este sentido, el Congreso citadino
expedirá la Ley para la Organización, Funcionamiento y Atribuciones de
la Comisión de Derechos Humanos, así como la Ley para Regular el
Sistema Integral, a más tardar el 5 de septiembre de este año, y no el
30 de abril como se contempló originalmente.
Además, las y los diputados expedirán la legislación en materia de
planeación, que entrará en vigor a más tardar el 5 de septiembre de
2019, a fin de que el Instituto de Planeación Democrática y
Prospectiva se instale el próximo 5 de diciembre.
De acuerdo con las reformas aprobadas, la Ley de Planeación
establecerá el calendario para la elaboración del Plan General de
Desarrollo, el Programa General de Ordenamiento Territorial y los
Programas de Ordenamiento de cada demarcación, así como el Programa de
Gobierno local y los programas de gobierno de las alcaldías, programas
sectoriales, especiales e institucionales, y los programas parciales de
las colonias, pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas,
sobre la base de que el Plan General de Desarrollo entre en vigor a más
tardar el 1 de octubre del año 2020.
El Programa de Gobierno de la Ciudad de México y los programas de
gobierno de las alcaldías entrarán en vigor el 1 de enero de 2021, y
el Programa de Ordenamiento Territorial y los programas en la misma
materia en cada demarcación, el 1 de abril de 2020.
Por lo que toca a la expedición de las leyes o modificaciones a los
ordenamientos que rigen a los organismos autónomos, el Congreso hará
lo conducente a más tardar el 5 de diciembre de este año.
El dictamen analizado en la Comisión indica que las demoras en el
ámbito legislativo no implican una actuación negativa parlamentaria,
ya que esta dilación puede obedecer a diversos factores; por ello es
necesario y resulta prudente realizar un adecuado análisis.
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