Por: Noel F. Alvarado
El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), entregó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCNJ), un "AMICUS CURIAE" o "informe en calidad de amigo de la corte" sobre el amparo directo en revisión de la Primera Sala de este órgano de justicia, relacionado con la declaratoria de interdicción de una mujer mayor de 35 años con discapacidad intelectual.
A través de este documento, el Consejo brinda los elementos necesarios para apoyar en la discusión y reconsideración del amparo directo 44/2018, interpuesto por la madre de una mujer que vive con discapacidad intelectual y que ha sido declarada en estado de interdicción mediante sentencia de 2015. La historia del caso muestra que la disputa radica en la designación de la hermana de la mujer con discapacidad como tutora, y no en su madre. Lo anterior, pues los padres están divorciados y existe desavenencia entre estos con respecto al trato proporcionado por la madre a la mujer con discapacidad.
En este sentido COPRED considera que el proyecto publicado presenta una doble problemática:
1. Convalida el sistema de interdicción de los códigos civiles que antepone el sistema de sustitución en la toma de decisiones, a través de la declaratoria de interdicción de personas adultas con discapacidad y la designación de tutores para suplir su voluntad.
2. Está totalmente ausente una perspectiva de no discriminación hacia las personas adultas con discapacidad en la construcción del estudio de fondo.
Ante esta situación, el Consejo establece su preocupación de que el proyecto de sentencia se construye sobre un modelo contrario al de los derechos de las Personas con Discapacidad (PcD) y que además se sostiene en el prejuicio de que tomar decisiones en su nombre es bueno para ellas, que no participar en las decisiones que afectan su interés jurídico les protege de sí mismas y que el estado de interdicción es una medida de protección.
Es así que se considera que las implicaciones de este proyecto son muy relevantes, no sólo para la mujer declarada en estado de interdicción, sino para la interpretación de los derechos de las Personas con Discapacidad en todo el país.
Asimismo, solicitamos se utilice un lenguaje incluyente en la sentencia, pues las palabras "incapacitada", "deficiencia mental", "estar disminuida o perturbada de su inteligencia" son conceptos que etiquetan y denigran la dignidad de las PcD.
Por lo anterior, a través de este "AMICUS CURIAE" se solicita a la ministra y ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconsideren la construcción de este proyecto y se analicen las normas del caso protegiendo a la mujer y evitando el uso de estereotipos que impidan el correcto entendimiento del andamiaje normativo.
Publicar un comentario