Por: Noel F. Alvarado
"Acabar de raíz todos los símbolos de ostentación que han lastimado
el servicio público", dijo la diputada local, María Guadalupe
Morales Rubio, al presentar, ante el Pleno del Congreso, la iniciativa
de la Ley de Austeridad, Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de
México.
La legisladora de la Fracción Parlamentaria de MORENA propuso al mismo
tiempo, abrogar la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de
México, con el objetivo de no duplicar funciones con esta actual
legislación, y en el mismo sentido armonizar con lo dispuesto en la
Constitución de la Ciudad de México.
Añadió que esta ley no es un concepto nuevo, recordó que en el 2003,
en la administración de Andrés Manuel López Obrador, como jefe de
Gobierno del Distrito Federal, se emitió una ley de austeridad, misma
que sería abrogada en 2009 por la ley arriba descrita.
La definición de austeridad "nos remite a la actualidad de que
alguien es sobrio y sin excesos y es como debe ejercerse la función
pública y puede hacerlo de mejor manera", apunto la legisladora.
La iniciativa está conformada por 175 artículos, a diferencia de los
150 de la ley actual. Esto, argumentó la diputada Morales Rubio, es con
la finalidad de que el gasto público se ejerza de manera eficiente,
transparente y que permita una reasignación de recursos a prioridades
sociales en la ciudad.
Esta Ley de Austeridad obliga a los servidores públicos a evitar
dispendio y racionalizar el gasto en las unidades administrativas, y se
deberá ejercer un informe sobre este gasto.
La parlamentaria también aclaró que con esta ley se prohíbe a los
integrantes del Congreso emplear recursos para la realización de obras
que corresponden a la administración pública, como sucedió en la
legislatura pasada.
En materia de publicidad, el gasto deberá ejercerse solamente de manera
informativa, educativa o de orientación social, y en ningún caso
deberá ser personal. Mientras que la compra de vehículos oficiales se
hará en los casos que las actividades se consideren prioritarias.
La nueva legislación establece que ningún servidor público en la
Ciudad de México podrá ganar un monto mayor en salario a lo estipulado
para la Jefatura de Gobierno, y se prohíben los bonos, gastos de
representación y la contratación de gastos médicos mayores con cargo
al presupuesto público.
Al mismo tiempo, dijo la congresista que esta nueva ley establece que no
pueden clasificarse como reservadas las remuneraciones de los servidores
públicos y deberán darse a conocer de forma oficial.
Esta iniciativa fue turnada para su análisis y dictamen a las
Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda.
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