La Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, recibió hoy una comitiva de la comunidad otomí, así como miembros de la asociación del Movimiento Urbano Popular (MUP) y de la organización Unión Popular Emiliano Zapata (UPREZ).
Los integrantes de ambas organizaciones residentes en la Ciudad de México demandaron aclarar la situación jurídica de varias personas indígenas que se encuentran implicadas en algún delito.
La abogada de la ciudad refirió que el actual Gobierno de la Ciudad de México tiene por objetivo analizar, verificar y aplicar debidamente la ley, sin criminalizar ni vulnerar los derechos humanos de los indígenas; no obstante, aseveró que si existe el delito, se actuará conforme a derecho para evitar la impunidad.
En atención a su demanda, la Procuraduría capitalina buscará a los denunciantes y si tienen disposición para llevar a cabo un procedimiento penal abreviado, aprovecharlo para reparar el daño y extinguir el ilícito.
La Procuradora agregó que los asuntos serán revisados en la Agencia Especializada en Asuntos de Personas Indígenas, y en caso de que exista alguna situación que implique el actuar de elementos policiacos, se dará vista a la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos para determinar responsabilidades.
En la reunión estuvieron presentes las subprocuradoras de Procesos, Alicia Rosas Rubí; de Averiguaciones Previas Desconcentradas, Margarita Vázquez Sánchez; de Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, Nelly Montealegre Díaz y personal de la Dirección de Derechos Humanos.
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