Por: Noel F. Alvarado
No se puede ser omisos ante la realidad, si el Estado no puede cubrir toda la demanda estudiantil que se requiere en México y brindar educación de calidad, las escuelas privadas que prestan servicios de enseñanza, ineludiblemente complementan la oferta educativa en el país.
Ante este panorama, el senador Juan Manuel Fócil Pérez resaltó la importancia de al menos, aminorar la carga de pagar los impuestos por colegiaturas en los niveles educativos antes señalados.
"Somos un país que necesita estar más preparado, que necesita mejorar su educación y es necesario que apoyemos a los padres de familia que están pagando colegiaturas en escuelas particulares", apuntó.
La iniciativa con proyecto de decreto plantea adicionar una fracción IX al artículo 151 de la Ley del ISR para ampliar al 100 por ciento el margen de deducción por el pago de dichas colegiaturas, así como incluir al nivel de Educación Superior en dicho beneficio.
Lo anterior, porque actualmente existen deducciones que no son suficientes para apoyar la economía de las familias –sobre todo de clase media—, según lo establecido en el Decreto que compila beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa, publicado el 26 de diciembre del 2013, en el Diario Oficial de la Federación.
Según esta disposición, el límite anual de deducción para el nivel preescolar es de 14 mil 200 pesos; primaria, 12 mil 900; secundaria, 19 mil 900; profesional técnico 17 mil 100 y Bachillerato o su equivalente, 24 mil 500.
Es decir, que en el decreto vigente se puede observar, primero, que no se incluye el nivel Superior para hacer efectiva una deducción, sin tomar en cuenta que acorde a una encuesta realizada por el Banco HSBC, el costo de la educación universitaria en escuelas privadas asciende, en promedio, a 252 mil pesos.
El senador Juan Manuel Fócil subrayó como segundo argumento que por obvias razones, los montos planteados de deducción son sumamente bajos respecto a lo que se gasta por este concepto en un año y tercero, que al tener la calidad de decreto, estos beneficios fiscales en cualquier momento pueden terminar, no así, si estos beneficios se quedan plasmados en la ley correspondiente.
El legislador sostuvo que el interés de esta iniciativa radica en aminorar la carga a quienes siempre pagan impuestos en este país, y en especial a la clase media, que es más sensible a solventar las necesidades económicas en los hogares.
Señaló que de acuerdo con el INEGI, 42.4 por ciento de los hogares, en donde vive 39.2 por ciento de la población total del país, pertenecen a esta clase social.
También es innegable que otro factor, además del económico para optar por educación privada, es la calidad de la enseñanza que brindan. Y es que en los últimos resultados del informe PISA publicados en 2016, ubican a los estudiantes mexicanos por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), es decir, de 72 países evaluados México ocupo el lugar 58 en rendimiento.
Acorde con la OCDE, México es el país que menos gasta por alumno; solo el 17 por ciento de 25 a 65 años cursó la universidad.
Asimismo, en los últimos 10 años, el número de estudiantes inscritos en colegios privados se incrementó en 8.2 por ciento, mientras que la matrícula de escuelas públicas creció 1.3 por ciento.
Un estudio realizado por dicho organismo denominado "Panorama de la educación 2017", señala que, aunque el gasto en instituciones educativas en México creció de 2013 a 2014,
sigue siendo bajo en términos absolutos.
En 2014, el país gastó –en promedio— 3 mil 703 dólares por estudiante en instituciones educativas de primaria a Educación Superior (70 mil pesos aproximadamente), considerablemente por debajo al promedio de la OCDE de 10 mil 759 dólares. Éste –cabe señalar— es el nivel de gasto más bajo entre los países de la OCDE.
Dicha iniciativa fue turnada a la Cámara de Diputados.
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