Por: Noel F. Alvarado
La diputada Ernestina Godoy Ramos, presidenta de la Junta de
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México (Jucopo)
presentó en Sesión Ordinaria, la iniciativa con proyecto de decreto
por la que se expide la Ley de Austeridad de la Ciudad, la cual es
aplicable a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a
las Alcaldías y a todos los entes públicos en la entidad.
En Tribuna, la legisladora destacó que la iniciativa suscrita por los
integrantes de Morena, es una respuesta al reclamo ciudadano expresado
en contra de la clase política que dispone de recursos públicos para
su beneficio y que asume como principio que tiene más derechos que el
resto de la población.
"Proponemos acabar con los privilegios de una clase política
transformada en clase social, terminar con la apropiación indebida de
los recursos públicos para favorecer intereses personales de
funcionarios y empleados públicos; recuperar la esencia de la función
pública como un medio para servir a los ciudadanos y mejorar su
vida", afirmó la también coordinadora del Grupo Parlamentario de
Morena.
La iniciativa, subrayó la parlamentaria, "es un antídoto" contra
la adicción al dinero de la clase política. "El servicio público no
es para enriquecerse ni para lograr movilidad social, se trata de
desterrar el pensamiento profundo de gobernantes y gobernados, la
máxima cultural del priismo, ´un político pobre es un pobre
político´, porque ahí radica el origen de buena parte de los males de
esta nación", complementó en Tribuna.
Por lo anterior, dijo, se busca dignificar al Congreso de la Ciudad de
México ante los ciudadanos, revalorar la función social de los
legisladores y alejarla de esa imagen de abuso y apropiación personal
de recursos que son para atender las demandas de la población.
"A este órgano legislativo le ha hecho daño tanto dinero, ha
desvirtuado su función como representación de los ciudadanos, durante
muchos años y ahí tenemos que asumir la crítica que nos corresponda a
cada quien, se abultó el presupuesto para mantener la gobernabilidad
interna, creció la estructura para darles cargos y empleo a todos. Hoy
padecemos la acumulación de esa conducción clientelar del Poder
Legislativo que pocos beneficios dejaron los ciudadanos", explicó.
De esta manera, el texto que se propone destaca la obligación de todo
ente público y busca evitar duplicidades en los objetivos y metas de la
Administración Pública para impedir el gasto excesivo e innecesario.
Por otro lado, tiene como meta reorientar los ahorros y la economía
obtenidos a los programas prioritarios de atención a la población y
programas sociales.
Asimismo, incluye el no crear plazas adicionales a las autorizadas en el
presupuesto de egresos ni aumentar sus dotaciones; restringir la
creación de plazas de honorarios, así como los servicios de escolta y
blindajes de autos; transparentar las relaciones entre contratistas y
servidores públicos; remisión aleatoria de declaraciones
patrimoniales, fiscales y de interés.
Propone que las personas servidoras públicas no recibirán prestaciones
adicionales como bonos, pago por productividad o cualquier otra
remuneración.
También destaca que se cancelarán las partidas de gastos destinadas a
la contratación de gastos médicos privados, que se limitará la
difusión de propaganda oficial y restringe los viajes oficiales.
Sobre la información presupuestal, expresa que los informes de avance
durante el ejercicio y la cuenta pública deben presentarse con el
máximo nivel de detalle, entre otros puntos.
Esta iniciativa con proyecto de decreto fue turnada para sus análisis y
dictamen a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, a la
de Transparencia y Combate a la Corrupción, con opinión de la
Comisión de Administración Pública Local.
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