Por: Noel F. Alvarado |
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Por su probable participación en el delito de robo agravado calificado en pandilla, tres individuos fueron presentados ante un juez de control, quien calificó como legal su detención y ordenó su ingreso al reclusorio bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en espera de que concluya la duplicidad del término solicitada por su defensa para determinar si serán vinculados a proceso.
El Fiscal Desconcentrado de Investigación en Iztacalco, Guillermo Luna Méndez, informó en conferencia de prensa que de acuerdo con las indagatorias, el 12 de octubre a las 6:00 horas, los imputados y otros cómplices llegaron a un inmueble ubicado en la calle Santa Cruz, colonia Barrio Santa Cruz.
Agregó que las puertas del lugar estaban abiertas, ya que una persona realizaba maniobras para sacar del estacionamiento un vehículo, situación que los agresores aprovecharon para entrar. Luego de amenazar con una pistola y golpear al testigo, ingresaron hasta una de las habitaciones en la que se encontraba el propietario del inmueble, a quien también amagaron y agredieron físicamente.
Los individuos, continuó el funcionario, se apoderaron de una maleta con dinero en efectivo y una computadora con las que intentaron escapar; sin embargo, policías de la Secretaría de Seguridad Pública que fueron alertados del ilícito los detuvieron, les aseguraron dos armas -una de ellas hechiza- y los objetos robados.
Con el fin de comprobar su responsabilidad en el evento, el agente del Ministerio Público recabó la entrevista de los policías remitentes, de la víctima y del testigo; además, solicitó la intervención de peritos en criminalística, fotografía y valuación.
Por su parte, policías de investigación determinaron que uno de los detenidos, de 35 años, tiene tres ingresos al reclusorio por los delitos de robo, homicidio calificado y robo a transeúnte con violencia, mientras que su cómplice, de 27, está relacionado con una carpeta de investigación por robo a negocio con violencia.
Una vez que las autoridades judiciales determinen su situación legal, los acusados podrían recibir una sentencia de hasta 18 años de prisión de acuerdo con el Código Penal, explicó Luna Méndez.
En tanto, agentes investigadores continúan con el análisis de imágenes captadas por cámaras cercanas, realizan labores en campo y gabinete con la finalidad de localizar a sus copartícipes y evitar la impunidad, finalizó.
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