Por: Noel F. Alvarado
El Congreso de la Ciudad de México aprobó un Punto de Acuerdo para
solicitar al gobierno de la capital información sobre el proyecto que
plantea la construcción de un hotel, una plaza comercial y un Papalote
Museo del Niño en el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) del Metro
Constitución de 1917.
Este Punto de Acuerdo, que fue propuesto por el diputado Miguel Ángel
Macedo Escartín, de Morena, requiere a la Oficialía Mayor del Gobierno
de la Ciudad de México un informe pormenorizado acerca del contrato de
concesión de un área de este CETRAM; y solicita al Secretario de
Desarrollo Urbano y Vivienda y a la Dirección General de Centros de
Transferencia Modal los documentos que sustentan las gestiones
jurídicas y administrativas del proyecto.
Asimismo, pide al Sistema de Aguas de la Ciudad de México informe si
efectuó estudios para conocer el impacto de esta obra en el suministro
de agua potable de la zona; y solicita al Jefe de Gobierno de la Ciudad
de México considere la suspensión de las obras en tanto las
dependencias involucradas remiten la información y documentación
requerida para constatar que los procedimientos para el otorgamiento de
las concesiones fueron realizados con apego a derecho.
El legislador destacó la importancia de incluir la opinión de los
habitantes de la Ciudad de México en la toma de decisiones de los temas
que habrán de perjudicarlos o beneficiarlos.
En su intervención en Tribuna, Macedo Escartín relató que el 16 de
febrero del 2016 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal
la declaratoria de utilidad pública del predio, y el 31 de marzo del
mismo año se publicó el decreto para expropiar un área del CETRAM del
Metro Constitución de 1917. "El terreno señalado es de 50 mil metros
cuadrados y fue concesionado para su explotación a la iniciativa
privada, bajo el argumento de que es de utilidad pública", señaló.
Aseguró que las autoridades no han informado los criterios que se
utilizaron para los proyectos, las características para considerarlos
de utilidad pública, ni las condiciones bajo las que se facultó a
particulares para administrar la plaza comercial, hotel y museo que se
edificarán en esta área. "El sentir generalizado de los ciudadanos
es que existe opacidad en el proceso de concesión", afirmó.
Expuso que la construcción de esta obra ha acentuado problemas de
tránsito peatonal y tráfico en la zona. "En cuanto al suministro de
agua potable, tampoco se ha dado a conocer si se contemplaron las
acciones relacionadas para atender el tema, por lo cual es importante
que la Dirección del Sistema de Aguas de la Ciudad de México informe
si se realizó algún estudio para conocer el impacto que dicha obra
generará, ya que como es sabido, en la zona oriente la carencia del
vital líquido es de hace varios años atrás".
"El museo es un proyecto público-privado, en el cual el Gobierno de
la Ciudad de México cede el terreno y realiza la construcción,
mientras que el Patronato del Museo del Niño aportará el equipamiento
necesario. Tenemos datos de que en el presupuesto 2016 para la Ciudad de
México se consideraron 232 millones de pesos para la obra Papalote
Museo del Niño en Iztapalapa", señaló.
Agregó que el concepto de utilidad pública fue mal aplicado, porque se
entregó a un particular la concesión para explotar un espacio que era
de beneficio para todos.
"Es cierto que Iztapalapa necesita proyectos como museos, escuelas y
centros culturales que beneficien e incentiven la inversión en
beneficio de los habitantes de la Alcaldía y en general de los
habitantes de esta gran ciudad, pero esto no debe de ser de ninguna
manera a cambio de concesiones de bienes públicos", indicó.
A este acuerdo se suscribieron las diputadas Marisela Zúñiga Cerón,
Leticia Varela Martínez, Esperanza Villalobos Pérez, María Guadalupe
Aguilar Solache y María Guadalupe Chavira de la Rosa, de Morena;
Jannete Guerrero Maya, Circe Camacho Bastida y Leonor Gómez Otegui, del
PT; y los diputados José Luis Rodríguez Díaz de León, Marco Antonio
Temístocles Villanueva Ramos, Virgilio Caballero Pedraza, Rigoberto
Salgado Vázquez y Alberto Martínez Urincho, de Morena, y Miguel Ángel
Álvarez Melo, del PES.
Por su parte, la diputada María Gabriela Salido Magos, del PAN,
sugirió adicionar a este Punto de Acuerdo la solicitud de información
referente a las medidas de integración o mitigación, y de protección
civil, dado el impacto en la zona que traería el proyecto. El Pleno del
Congreso aprobó la adición de la diputada Salido.
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