Por: Noel F. Alvarado
Para fortalecer el entramado institucional encargado de proteger el
derecho a la participación política de las mujeres, fomentar su
presencia y participación en la vida pública y combatir la violencia
de género y la desigualdad, la fracción parlamentaria de Morena
presentó un proyecto de decreto en el Congreso de la Ciudad de México
para adicionar y reformar diversas disposiciones del Código Penal para
el Distrito Federal, del Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales para la Ciudad de México y de la Ley Procesal Electoral
para la Ciudad de México.
Esta iniciativa fue propuesta por la diputada Paula Soto Maldonado, a
nombre del Grupo Parlamentario de Morena, quien aseguró que la
prevención y combate contra la violencia política hacia las mujeres es
esencial para las transformaciones que requiere la sociedad.
"Difícilmente lograremos políticas públicas y acciones
parlamentarias que realmente fomenten la igualdad de género, si no
contamos con una representación real de los intereses de nosotras, las
mujeres, en los espacios en los que se decide el rumbo de estos
mecanismos", aseguró.
En su intervención ante el Pleno del Congreso, la legisladora recordó
la historia y legado de la ideóloga y activista política alemana Rosa
Luxemburgo. "La violencia política por razones de género sigue
procurando que el sueño de Rosa no encuentre fuga hacia lo real: el
mundo en el que somos socialmente iguales, humanamente diferentes y
totalmente libres, ese es ahorita nuestro horizonte".
Afirmó que la violencia de género se ha vuelto más sutil, pero
continúa afectando a las mujeres y dificultando su participación en la
política.
"A mayor participación, mayor violencia de la que somos víctimas.
Nuestra participación en la toma de decisiones no debería enfrentar
amenazas de muerte, daño a nuestra propiedad, falsas acusaciones,
campañas de difamación, acoso afuera de nuestras casas,
aprovechamiento de los estereotipos, y sobre todo, el descuido e
impunidad de las autoridades que deberían procurar la justicia y la
garantía de la protección a nuestros derechos humanos", señaló.
Informó que conforme al análisis _"Violencia política a través de
las tecnologías contra las mujeres en México"_, 62 por ciento de las
agresiones registradas durante el proceso electoral 2017–2018 tuvieron
una razón de género, con patrones de violencia sexual cometida contra
una mujer por el hecho de serlo, con el juicio de carácter sexual y la
sexualización como los ilícitos más frecuentes.
Explicó que durante las 44 semanas que duró el pasado proceso
electoral, se perpetraron 774 agresiones en contra de las personas
participantes. De ese total, 23 por ciento fue en contra de mujeres, con
185 agresiones que fueron desde intimidaciones y amenazas hasta 19
asesinatos de mujeres, por el simple hecho de ser mujer y participar en
lo público.
En este sentido, indicó que la Ciudad de México, Tlaxcala, Chiapas y
Oaxaca son las entidades que concentran mayor número de denuncias en el
nuevo Sistema Penal Acusatorio de violencia política contra las
mujeres.
"La esencia de la libertad política depende no de los fanáticos de
la justicia, sino de los efectos vigorizantes y benéficos de las
disidentes, entre ellas nos contamos, para ellas trabajamos",
concluyó Paula Soto.
Este proyecto de decreto fue turnado a las Comisiones Unidas de Igualdad
de Género y Asuntos Político Electorales, para su análisis y
dictamen, así como a la de Administración y Procuración de Justicia,
para su opinión.
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