El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez, afirmó que hoy se viven momentos cruciales en los que el verdadero reto a afrontar, frente a los ciudadanos, es el de dar soluciones tangibles, claras y humanistas a los complejos problemas de la sociedad.
Al poner en marcha el curso de capacitación en línea Introducción al estudio de las responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas y particulares en la CDMX, abundó, asimismo, que dichas soluciones deben ser con prontitud porque se trata de necesidades justas y dignas reclamadas por los ciudadanos.
En la Sala de Presidentes María Lavalle Urbina, donde se reunieron representantes de las instituciones que conforman el grupo de trabajo para la implementación del sistema local anticorrupción, a la luz de la legislación que en la materia se aprobó en septiembre del año pasado, Pérez Juárez recordó que México evidencia los más graves índices de corrupción en la prestación de servicios, según el informe Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe, de la organización Transparencia Internacional.
"En particular en el caso de escuelas, atención de la salud y documentación personal, con porcentajes del 33 al 39 por ciento", abundó.
Acompañado por representantes de la Contraloría General de la Ciudad de México, del Tribunal de Justicia Administrativa capitalina, de la Auditoría Superior local y de la Procuraduría General de Justicia, el magistrado advirtió sobre la pertinencia de la formación en conocimiento, habilidades y aptitudes para la debida implementación del marco normativo de responsabilidades administrativas y penales.
"Celebramos que este programa se fortalezca y amplíe, a través de la modalidad en línea, para todas y todos los servidores públicos de nuestra ciudad capital, la cual reafirma el sólido compromiso permanente para combatir a la corrupción y a la inseguridad que tanto nos indignan y lastiman", destacó.
Al referirse al curso en línea, accesible a través de Internet con sus contenidos, evaluaciones y expedición de constancias, informó que tiene como objetivo desarrollar las competencias técnicas y profesionales para realizar los procedimientos que tengan que ver con la investigación, substanciación e imposición de sanciones por faltas administrativas, con base en las competencias establecidas en la ley.
Además, añadió, dar a conocer los derechos de los servidores públicos que son sujetos a un procedimiento de responsabilidad, los defensores de oficio, las medidas precautorias y la protección al denunciante.
Eduardo Rovelo Pico, contralor general de la Ciudad de México, a su vez, informó que se fijó la meta de que todos los servidores públicos de la administración local conozcan el nuevo régimen legal de combate a la corrupción mediante el curso en línea, y consideró que esto redundará en que los ciudadanos gocen de una mejor gobernanza.
Por su parte, la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, Yazmín Esquivel Mossa, destacó la convicción y el compromiso de las instituciones capitalinas con la implementación del sistema anticorrupción, al considerar que esta es la última ventana para recuperar la legitimidad y la credibilidad de la sociedad.
En tanto, la consejera de la Judicatura de la Ciudad de México, Ana Yadira Alarcón Márquez, dijo que más allá de coyunturas legislativas las instituciones que conforman el grupo de trabajo refrendan el compromiso de avanzar en el combate a la corrupción.
A nombre del auditor superior capitalino, David Vega Vera, Arturo Vázquez Espinosa, titular de la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos de la dependencia, resaltó que el combate a la corrupción no ha dejado de ser inquisitivo, pero refirió que en el nuevo sistema se suma el rubro de la prevención y la capacitación del servidor público.
En su oportunidad, el procurador general de Justicia, Edmundo Garrido Osorio, dio a conocer que en esa instancia se realiza un proceso de cambio en el marco del nuevo sistema anticorrupción local, y destacó que se contará con una fiscalía especializada para delitos relativos a la corrupción.
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