Por: Noel F. Alvarado |
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Un juez de control vinculó a proceso a dos hombres —de 28 y 53 años— que el pasado 23 de junio privaron de su libertad al conductor de una camioneta de carga en el Estado de México y que fue liberado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en la delegación Gustavo A. Madero.
En la carpeta de investigación se detalla a las 11:30 horas de ese día, el chofer de la Nissan, NP300, color blanco, conducía hacia la casa de su patrón para iniciar su jornada laboral, cuando en la colonia San Miguel Chalma, en el municipio de Tlalnepantla, un vehículo le cerró el paso.
El Chevrolet, Aveo, color gris, era tripulado por tres sujetos. El imputado de 28 años y otro hombre descendieron del auto y con un arma de fuego lo obligaron a cederles el volante de la camioneta.
El indiciado le preguntó al ofendido sobre lo que transportaba, pero él respondió que nada. Posteriormente detuvieron la marcha para corroborar que la caja estuviera vacía y ahí encerraron al agraviado.
Los indiciados encerraron al agraviado en la caja del vehículo al ver que estaba vacía.
Al ver que no llegaba su trabajador, el dueño de la camioneta solicitó apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes al tener las características del vehículo lo localizaron en la colonia Tlacaelel, de la delegación Gustavo A. Madero.
Trabajos de inteligencia de agentes de la Policía de Investigación arrojaron que el imputado de 28 años cuenta con antecedentes penales por los delitos de daños a la propiedad ajena y portación de arma de fuego, ambos en 2017; el hombre de 53 tiene un antecedente por robo a transportista en 2007 y un ingreso en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte por cohecho en 2009.
Durante la acción policiaca huyó uno de los cómplices; los detenidos fueron remitidos a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Robo de Vehículos y Transporte, donde el agente del Ministerio Público inició la carpeta de investigación por robo agravado calificado en pandilla.
Durante la audiencia inicial un juez de control calificó como legales las detenciones, les impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de dos meses y 15 días para el cierre de la investigación complementaria.
Si los individuos resultan penalmente responsables del ilícito que se les imputa, podrían alcanzar una pena de hasta 90 años en prisión.
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