Por: Noel F. Alvarado
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó que la solución al problema que enfrentan niñez y adolescencia migrantes en su tránsito y estancia en nuestro país es prioridad que ha sido identificada por todos los actores participantes en su defensa, quienes están convencidos de la necesidad de consolidar y fortalecer el sistema de protección a la infancia en contexto de migración internacional en México.
Destacó la responsabilidad global de México en materia de derechos humanos de la población infantil en contexto de migración, por lo que ya solicitó la intervención del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que, de manera cautelar exhorte al gobierno norteamericano para que niñas, niños y adolescentes que lleguen a los Estados Unidos de América y sean detenidos reciban un trato adecuado a su condición de vulnerabilidad y no sean separados de sus familias como medio de disuasión frente a los fenómenos migratorios.
Al calificar dicha medida como inaceptable en caso de materializarse, esta Comisión Nacional subrayó que la ruta de la niñez y adolescencia migrante es un camino marcado por los peligros, abusos, miedos e incertidumbre, en que el respeto a su dignidad como personas tampoco está garantizado en el vecino país del norte, y puntualizó que, con independencia de la soberanía estadounidense, en gran parte del mundo se reconoce a la migración y al refugio como responsabilidad internacional solidaria y compartida. Enfatizó que los procesos electorales no deben aplazar el cumplimiento de los derechos humanos.
Así lo dio a conocer el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, en el acto inaugural del Foro "Pasos hacia la consolidación del Sistema de Protección a la Niñez Migrante en México" –que fue inaugurado por la Subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Patricia Martínez Cranss—, en el cual señaló que la niñez migrante es un tema principal y no marginal, una realidad que debemos reconocer, evidenciar y atender, que afecta e incide en uno de los grupos de mayor condición de vulnerabilidad.
Refirió que, en términos numéricos, durante 2016 fueron detectados por la autoridad migratoria 40,114 niñas, niños y adolescentes provenientes en su gran mayoría de Centroamérica, en tanto que los niños mexicanos retornados de Estados Unidos fueron ese año 13,737. En 2017 se registraron 18,300 y 7,266, respectivamente. Y en cuanto a la población infantil no acompañada que ha sido presentada ante el Instituto Nacional de Migración, para 2016 fue de 17,557; en 2017, de 7,430 y en lo que va del año 2018, de 2,703.
Apuntó que las cifras de extranjeros repatriados a su país de origen por la autoridad migratoria mexicana, en el renglón de infancia repatriada no acompañada, arroja 15,291 casos en 2016; 6,638, en 2017 y 1,990 en lo que va del 2018. En cuanto a los infantes mexicanos repatriados no acompañados desde los Estados Unidos refleja 9,719 casos en 2016; 7,368, en 2017 y 2,660 en 2018; y respecto de esta población solicitante de reconocimiento de la condición de refugiado no acompañado, en 2016 muestra 44 casos y 53 en 2017.
González Pérez puso en relieve que cada vez nos acercamos más al Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, que será un gran acuerdo en que niñas, niños y adolescentes serán parte central de las preocupaciones, esfuerzos y compromisos internacionales, que deberá complementarse con la armonización normativa, generación de mecanismos legales y elaboración de políticas públicas pertinentes, con apoyos presupuestales y recursos necesarios para su ejecución.
En su oportunidad, Ricardo Bucio Mújica, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA); Jan Jarab, Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y Denisse Velásquez, Coordinadora del Programa y Oficial dentro de la Organización Internacional para las Migraciones en México, coincidieron en los cinco temas en que se debe trabajar: armonización legislativa con la ley en la materia; articulación y corresponsabilidad para que todos los gobiernos estatales y municipales participen; fortalecimiento de las instituciones encargadas del cuidado de la niñez, y un cambio de paradigma, porque las personas que migran no son delincuentes, son irregulares, y en este caso, son niñas, niños y adolescentes que necesitan de un enfoque de derechos humanos en su protección integral.
Patricia Martínez Cranss destacó que en asuntos migratorios el reto permanente para el Gobierno mexicano es cerrar la brecha entre el actuar cotidiano y la norma, sobre todo tratándose de la niñez migrante, ya que la corresponsabilidad es vital para atenderles y asegurar el interés superior de la niñez.
Mark Manly, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en México (ACNUR), planteó que, aunque un gran porcentaje de los menores migrantes no desea regresar a sus países por la violencia imperante, pocos logran quedarse en México, en tanto que Luis Enrique Guerra García, Procurador Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, mencionó que estas niñas y niños se encuentran en vulneración permanente de sus derechos humanos y no pueden ejercerlos, por lo que el gobierno tiene la encomienda de unir esfuerzos para restituir sus derechos, reciban trato digno y no sean revictimizados.
Como resultado de este foro, autoridades y actores concurrentes a éste dieron a conocer el documento Consensos en Materia de Niñez en Contexto de Migración, mediante el cual se comprometieron a impulsar ante el Congreso de la Unión la armonización de la normatividad vigente en materia migratoria y protección internacional; garantizar su no detención en estancias o centros de detención migratoria; implementar en acciones de protección el enfoque de género; generar y fortalecer medidas alternas a la privación de la libertad para grupos familiares que viajan con menores de edad; garantizarles acceso efectivo para el reconocimiento de la condición de refugiado; y evaluar y determinar el interés superior de la niñez con base en la Ley General en la materia.
De esos resultados se dará cuenta a la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), tomando en consideración sus compromisos adquiridos en la materia, mientras que el seguimiento a los mismos se realizará mediante una revisión dentro de los seis meses contados a partir de este día.
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