Sancionarán uso indebido de los servicios de llamadas de emergencia en la CDMX

Por: Noel F. Alvarado

·         El Pleno de la ALDF aprueba reformar la Ley de Cultura Cívica para castigar hasta dos años de prisión el uso indebido.

Por unanimidad, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal reformó la Ley de Cultura cívica para sancionar el uso indebido de los servicios de llamadas de emergencia, por lo que se impondrá una sanción de tres meses a dos años de prisión.

 

La penalidad se duplicará cuando se realicen llamadas a instituciones públicas o privadas que presten servicios de emergencia, protección civil, bomberos, seguridad pública, salud, para burlarse, proferir insultos, distraer al personal a cardo de los servicios o que puedan producir el temor o pánico.

 

De acuerdo con el Decreto aprobado por el Pleno, cuando con motivo de las conductas antes descritas se ocasione la movilización de elementos de protección civil, bomberos, personal médico, seguridad pública, se perseguirá por querella y la pena aumentará un tercio.

 

Incluso, señala el Dictamen, si la conducta provoca daños, un accidente o pérdidas materiales de cualquier índole, se aplicará a los responsables una pena de dos a cinco años de prisión y de 300 a 500 días de multa.

 

Además, los diputados aprobaron reformar el artículo 237 del Código Penal local en materia de despojo.

 

Se reformó la fracción II del artículo 267, el artículo 273 y su Fracción I, en materia de delitos cometidos por servidores públicos.

 

El mismo Código tuvo diversas modificaciones, estas reformas fueron presentadas ante el Pleno y aprobadas por unanimidad.

 

En materia civil, los legisladores avalaron reformas y adiciones  a diversas disposiciones de la Ley de Albergues Públicos y Privados para Niñas, Niños y adolescentes; el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles, todos de la Ciudad de México.

 

También aprobó el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por la que se abroga la Ley del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia en el Distrito Federal y se crea la Ley del Fondo de Apoyo a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.