Por: Noel F. Alvarado
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH), así como Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC (CADHAC), documentaron los antecedentes negativos de delegados de la PGR.
El que ya está en la mira de esos organismos de derechos humanos, es el recién nombrado delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en Hidalgo, Carmelo Marcos González, por incurrir en una serie de irregularidades constitutivas de delito.
De acuerdo a los organismos de derechos humanos, el funcionario enfrenta diversos cuestionamientos de organismos no gubernamentales y de víctimas de violaciones a derechos humanos por su actuación como miembro de diversas dependencias de procuración de justicia a nivel estatal y federal en Nuevo León y Baja California, así como en San Luis Potosí, donde ha desempeñado cargos como director y encargado de del área de averiguaciones previas.
En Hidalgo, Carmelo González ha sido señalado por rodearse de diversos funcionarios cuyos antecedentes son negativos, y ello ha prendido los "focos rojos" de los organismos y activistas de derechos humanos en esa entidad, donde fue designado el pasado 15 de marzo como delegado.
Informes oficiales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de comisiones de Derechos Humanos estatales, así como organismos no gubernamentales y víctimas de violaciones de derechos humanos, señalan al nuevo delegado de la PGR en Hidalgo de presunto uso indebido del servicio público, omisión y hasta de incumplimiento en su deber al frente de investigaciones judiciales.
Las pesquisas por las cuales se cuestiona al delegado de la PGR en Hidalgo sucedieron en Baja California donde fue cuestionado por el asunto de la muerte de la menor Sara Benazir, en el cual la CNDH, la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los derechos Humanos (CMDPDH), pues se permitió la impunidad en el caso de los homicidas; También en esa entidad, pero en Mexicali se le criticó por cómo se investigó la desaparición de Manuel Beltrán Beltrán y su acompañanante, Juan Martín López Soto, a manos de agentes federales.
Otro caso sucedió en Nuevo León por el retraso y omisiones en el caso de la muerte de dos estudiantes del Tec de Monterrey a quienes se pretendió hacer pasar como "sicarios", pero la intervención de la CNDH y de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) demostró que un grupo de soldados los atacó sin motivo, los golpeó y asesinó; en San Luis Potosí se le criticó por cómo se investigó el caso de los cuatro feminicidios en Tamuín a manos de un ex militar, además de ordenar la persecución y amedrentamiento de 12 activistas y líderes sindicales.
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