Por: Noel F. Alvarado
El Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, llamó a la sociedad en su conjunto a erradicar la violencia hacia niñez y adolescencia, que no puede ni debe ser tolerada y mucho menos promovida por el Estado, y demandó que, a partir del reconocimiento de la dignidad de niñas, niños y adolescentes y de los derechos que les asisten, generar una nueva cultura de respeto y redefinir su papel dentro de la familia y la sociedad misma.
Subrayó que la oposición al castigo físico no debe entenderse ni implicar que se suprima o deje sin efecto los derechos que asisten a padres y tutores para cumplir con su responsabilidad de educar a niñas, niños y adolescentes; por el contrario, lo que se busca es que esa formación y educación sea más pertinente y adecuada, y promueva el desarrollo de la responsabilidad y compromiso sobre la violencia o amenaza; que la imposición de límites esté basada en reglas claras, respeto y convencimiento, más que en la agresión, imposición y capricho.
Enfatizó que en el actual proceso electoral que vive nuestro país, la sociedad debe observar qué aspirantes a puestos de elección popular se comprometen con el respeto y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y con el interés superior de niñez y adolescencia, para decidir su voto.
"Permitir que los niños, niñas y adolescentes ejerzan sin límites ni dirección alguna su voluntad, aseguró, también viola sus derechos humanos y atenta contra su interés superior que, en todo momento, se debe considerar".
Al participar en la inauguración de la Reunión Interamericana sobre Castigo Corporal contra Niñas, Niños y Adolescentes, que encabezó el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Rafael Avante, González Pérez señaló que cuando la violencia es práctica común en el seno familiar, se normaliza y acepta en sus miembros, y quien sufrió violencia física durante su proceso educativo es probable que la interiorice como la forma debida de educar y replique patrones violentos al asumirlos como correctos, lo que ocasionará en quien la sufre desconfianza, resentimientos, miedo y baja autoestima, que contribuirán a preservar los patrones violentos en las generaciones subsecuentes.
González Pérez expresó su convicción porque las reflexiones en esta reunión permitan replantear el papel de la escuela en los procesos educativos y fortalecer la articulación y apoyo con las familias, que son base de las relaciones sociales y de la educación de las personas.
Detalló que en una familia donde el respeto y tolerancia entre sus integrantes sea la constante, se reconozca y asuma la autonomía de niñas, niños y adolescentes, se les escuche y tome en cuenta como forma de tomar decisiones y resolver diferencias en el diálogo y el entendimiento, exaltando la importancia de la colaboración y participación activa de miembro en lo que pasa en el núcleo familiar, es probable que esté en la ruta y llegue a una educación sin violencia.
En el uso de la palabra, el Subsecretario Rafael Avante; Imelda Hernández Jahuey, representante de la niñez y adolescencia; Víctor Giorgi, Director General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes; Marta Santos Pais, Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños; Esmeralda Arosemena de Troitiño, Comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y María Cristina Perceval, Directora Regional para América Latina y el Caribe de UNICEF, coincidieron en destacar la urgencia de cambiar los patrones culturales que consideran el castigo corporal como parte del proceso educativo y de formación de niñas, niños y adolescentes, además de trabajar en la elaboración de políticas públicas para atender el maltrato infantil y los factores que lo propician, entre ellos, la pobreza, la desigualdad y la violencia que se vive en algunas regiones de América Latina y El Caribe.
Manifestaron su deseo de que este encuentro permita intercambiar y compartir experiencias entre los países participantes, con el fin de diseñar estrategias para combatir el maltrato hacia infantes y adolescentes en todas sus formas, generar programas de atención y garantizar el respeto irrestricto a sus derechos fundamentales.
Subrayaron que muchas de las de las expresiones de violencia e inseguridad que padecen actualmente distintas ciudades de la región, entre ellas pandillerismo y crimen organizado, tienen como origen los castigos corporales que sufrieron los infantes y adolescentes en sus primeros años de vida, por lo que es preciso invertir en educación y programas sociales que permitan revertir esta situación.
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