Por: Noel F. Alvarado
* David Cervantes denuncia que desde 2015 ni las Comisiones en la ALDF ni el jefe de Gobierno tuvieron la disposición de dialogar sobre las medidas preventivas sobre desarrollo urbano.
* Si defender la Norma fundamental de este país es comprender las cosas con dificultad, es ser obtusos, sí somos obtusos; Si proponer el hacer de conocimiento público, los proyectos de desarrollo e infraestructura de proyectos que requieren de estudio de impacto urbano, es ser obtusos, somos obtusos, manifiesta Suárez del Real.
La bancada de Morena en la Asamblea Legislativa declaró que la propuesta del Programa General de Desarrollo Urbano (PGDU) 2016-2030 enviada por el jefe de Gobierno, debió ser rechazada por el Pleno por contener vicios inconstitucionales.
En Tribuna, el diputado de Morena, David Cervantes Peredo, precisó que el rechazo de Morena a la iniciativa del PGDU se basa en que es improcedente por contravenir toda perspectiva de derechos humanos, favoreciendo el plan de negocios rechazado mayoritariamente por la sociedad.
Cervantes Peredo recordó que desde el 25 de septiembre de 2015, Morena propuso la "Iniciativa con Proyecto de Decreto para aplicar Medidas Preventivas en materia Urbano Ambiental", con la finalidad de abrir discusión sobre el proyecto de ciudad con perspectiva de derechos humanos.
Sin embargo, agregó, la iniciativa fue remitida a las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, sin que hasta el momento haya sido dictaminada y se haya abierto la discusión al interior de la Asamblea.
El jefe de Gobierno también se negó a discutir al respecto y finalmente siguió su propia ruta para luego entregar a la Asamblea un dictamen que es, a todas luces, inconstitucional, manifestó Cervantes Peredo.
El legislador señaló que la iniciativa es inconstitucional por el hecho de no haber consultado a los pueblos y barrios.
Cervantes Peredo argumentó que el rechazo a Iniciativa del PGDU se debe también a que, de acuerdo con el artículo transitorio décimo quinto de la Constitución local, corresponde al Congreso de la Ciudad emitir la legislación en materia de desarrollo urbano, la que a su vez deberá entrar en vigor a más tardar el 30 de abril de 2019.
El diputado de Morena subrayó que no tiene ningún sentido que la última legislatura realice observaciones a una iniciativa proyectada con plazos de aplicación opuestos a los establecidos en la Constitución de la Ciudad, que claramente trastoca el ámbito de atribuciones del Congreso de la capital del país.
Ante la opinión de las demás bancadas por el rechazo de Morena al Programa de Desarrollo Urbano, el diputado José Alfonso Suárez del Real manifestó:
"Si proponer soluciones como se propuso desde septiembre de 2015 para resolver el reto que representaba adecuar el programa, es ser obtusos, somos obtusos.
Si proponer derogar el artículo 41 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, someter a consideración los dictámenes de la Seduvi sobre programas, proyectos públicos y privados en proceso de construcción y aquellos para los que se requiere estudio de impacto urbano o ambiental, es ser obtusos, somos obtusos.
Si proponer el hacer de conocimiento público, a través de los portales, los proyectos de desarrollo e infraestructura de proyectos que requieren de estudio de impacto urbano, es ser obtusos, somos obtusos.
Si proponer que la ALDF realizara una auditoria de cumplimiento de requisitos a los proyectos que se han desarrollado bajo las nuevas normas, es ser obtusos, somos obtusos.
Si defender la Norma fundamental de este país es comprender las cosas con dificultad, es ser obtusos, somos obtusos".
Nuestro compromiso, subrayó Suárez del Real, debe ser con las organizaciones sociales, quienes exigen que se rechace la iniciativa del Programa General de Desarrollo Urbano por ser inconstitucional, por no cumplir con los pueblos y barrios, tal como lo marca la normatividad aplicable desde 2011.
Suárez del Real informó que hasta la fecha no existe la documentación oficial que acredite la realización de una consulta previa e informada a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la ciudad de México, la cual está mandatada en los artículos 1, 2, Apartado B, Fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 6 y 7 del Convenio Núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales; así como en los Artículos 25, Apartado A, numeral 6, y 59, Apartado C, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México.
Lo anterior, a pesar de que el diputado de Morena entregó en manos del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, los protocolos de consulta a pueblos y barrios para que fueran aplicados.
Suárez del Real llamó a los diputados del PRD, PAN, PRI y Verde Ecologista a no manejar un doble discurso, pues si en verdad defendieran a los habitantes de la ciudad, no hubieran dejado vigente la fracción VII del artículo 253 del Código Fiscal para el pago de 5 mil 221.50 pesos por el dictamen de constitución de polígonos de actuación, lo que deja al descubierto que el negocio está por encima de los principios fundamentales.
El legislador lamentó que las demás bancadas hayan aprobado el dictamen para regresarlo con observaciones al Jefe de Gobierno, porque esta acción sólo retrasará la aprobación del Programa General de Desarrollo Urbano, pero no resuelve el problema de fondo.
Para la Ciudad, concluyó Suárez del Real, es necesario establecer un régimen urbano transitorio y no un marco de actuación con perspectiva al 2030.
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