Por: Noel F. Alvarado
La Diputada Vania Roxana Ávila García, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Asamblea Legislativa, VII Legislatura, presentó un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución en donde exhortó al Instituto Electoral de la Ciudad de México y a la Secretaría de Finanzas local a que informen, en un término de diez días hábiles, los criterios utilizados para reconocer otras categorías más allá de colonia y pueblo originario que la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal instituye para la aplicación del Presupuesto Participativo.
Una de las formas de participación ciudadana es a través de la consulta ciudadana del presupuesto participativo; instrumento por el cual habitantes de la capital deciden respecto a la manera en que puede ser aplicado el 3% del presupuesto anual correspondiente a las delegaciones políticas.
Al mismo tiempo, la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal establece en los artículos 83, 84 y 199 en materia de presupuesto participativo, que los recursos deben ser ejecutados en proyectos específicos de colonias y pueblos originarios, y que son los ciudadanos quienes deben decidir respecto de su aplicación en dichas colonias y pueblos; no las instituciones ni sus autoridades que las representan.
La Presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Diputada Vania Ávila, solicitó un informe sobre el criterio de distribución de los recursos del Presupuesto Participativo del 2017 ya que se asignó en 1,359 colonias, cuando el Instituto Electoral reconoció para ese ejercicio a 1,764 colonias; otorgó presupuesto participativo a 82 pueblos de los cuales 48 son los que reconoce la Ley; y además, asignó de presupuesto en 67 barrios, 272 unidades habitacionales y 25 fraccionamientos, estas tres últimas categorías no contempladas en la ley.
Los datos expuestos, denotan una discrepancia de criterios en torno al presupuesto participativo, entre lo que reconoce el Instituto Electoral, distribuye la Secretaría de Finanzas y señala la Ley de Participación Ciudadana. Es decir, los recursos del presupuesto participativo se están aplicando en 34 pueblos, 272 unidades habitacionales y 25 fraccionamientos que no están considerados en la Ley de Participación Ciudadana. Lo que significa que, los recursos del presupuesto participativo del año 2017 se aplicaron por la vía de hecho y no de derecho, en 331 asentamientos humanos, en razón de que ninguno de ellos posee la categoría de colonia o pueblo originario.
Finalmente, la Diputada ciudadana solicitó "una aclaración por parte del Instituto Electoral y la Secretaría de Finanzas para que se hagan las correcciones pertinentes conforme a la Ley. Porque dicho sea de paso estas inconsistencias fueron detectadas también en la aplicación del ejercicio presupuestal 2016".
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