Por: Noel F. Alvarado
La Procuraduría General de la República (PGR), obtuvo en Nayarit y Jalisco, sentencias condenatorias por 20 y 10 años en contra de dos hombres, por la comisión del delito de delincuencia organizada.
Por un lado, la Delegación de PGR en Nayarit, obtuvo del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en esta entidad, sentencia condenatoria de 20 años contra Héctor "N".
El inculpado fue considerado responsable de la comisión de los delitos de delincuencia organizada y contra la salud, en su modalidad de aportación de recursos de cualquier especie para posibilitar la ejecución de algún delito contra la salud; por lo que deberá cumplir una pena de 20 años de prisión y pagar una multa de 15 mil 585 pesos.
De acuerdo con la causa penal, el inculpado se encargaba de aportar los recursos necesarios para la manufactura de narcótico para posteriormente ser comercializado, además de que el Ministerio Público de la Federación, después de realizar diversas diligencias e investigaciones, pudo comprobar que pertenecía a una organización delictiva que operaba en Veracruz
El sentenciado se encuentra interno en el Reclusorio Preventivo de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, donde cumple con su condena.
Por otra parte, la Delegación de PGR en Jalisco, obtuvo de un Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en esta entidad, sentencia condenatoria contra de José "N", quien fue considerado responsable de la comisión del delito de delincuencia organizada, en su hipótesis de contra la salud, por lo que deberá cumplir una pena de 10 años de prisión y pagar una multa de 250 días.
De acuerdo con la causa penal, derivado de diversas diligencias e investigaciones por parte del Agente del Ministerio Público de la Federación, quedó plenamente acreditado que el sentenciado es integrante de una célula de la delincuencia organizada que opera en Aguascalientes, Guadalajara, Guerrero, Chihuahua y el Estado de México.
El sentenciado se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 17, ubicado en el municipio de Buena Vista, Michoacán, donde cumple su condena.
La Procuraduría General de la República refrenda su compromiso de llevar ante la autoridad, a todas las personas que vulneren las leyes y el estado de derecho.
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