Por Noel F. Alvarado
En el marco de las acciones que se realizan en materia de verificación de la evolución patrimonial de las y los servidores públicos de la Administración Pública Federal (APF), la Secretaría de la Función Pública (SFP) resolvió tres expedientes en los que se encontraron anomalías en los ingresos de tres servidores públicos, con incrementos no claros, por un total de 12 millones 909 mil 512 mil pesos con 97 centavos.
La dependencia detectó que tres trabajadores, uno de PMI Comercio Internacional, un segundo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y otro más de Comisión Nacional de las Zonas Áridas, presentaban irregularidades en su patrimonio por montos de un millón 982 mil 540 pesos con 93 centavos, tres millones 221 mil 624.32, pesos y siete millones 705 mil 347.72 pesos, respectivamente.
Los inculpados no aclararon el origen lícito de tales recursos, en relación con las percepciones salariales que el Estado les otorga con motivo de su cargo.
Ante ello, se presentaron las denuncias correspondientes ante la autoridad ministerial competente, a efecto de que se investigue si el incremento patrimonial detectado constituye una conducta delictiva.
En el marco de las acciones que se realizan en materia de verificación de la evolución patrimonial de las y los servidores públicos de la Administración Pública Federal (APF), la Secretaría de la Función Pública (SFP) resolvió tres expedientes en los que se encontraron anomalías en los ingresos de tres servidores públicos, con incrementos no claros, por un total de 12 millones 909 mil 512 mil pesos con 97 centavos.
La dependencia detectó que tres trabajadores, uno de PMI Comercio Internacional, un segundo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y otro más de Comisión Nacional de las Zonas Áridas, presentaban irregularidades en su patrimonio por montos de un millón 982 mil 540 pesos con 93 centavos, tres millones 221 mil 624.32, pesos y siete millones 705 mil 347.72 pesos, respectivamente.
Los inculpados no aclararon el origen lícito de tales recursos, en relación con las percepciones salariales que el Estado les otorga con motivo de su cargo.
Ante ello, se presentaron las denuncias correspondientes ante la autoridad ministerial competente, a efecto de que se investigue si el incremento patrimonial detectado constituye una conducta delictiva.
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