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Una investigación del New York Times reveló que el gobierno estadounidense compra oro extraído ilegalmente por el cartel colombiano y lo vende bajo el sello "100% americano", desatando una crisis de credibilidad y una investigación oficial.
Bogotá, Colombia – Una investigación periodística ha desatado un escándalo de dimensiones internacionales al revelar que la Casa de la Moneda de Estados Unidos (U.S. Mint) ha adquirido y convertido en monedas de inversión lingotes de oro provenientes de minas ilegales controladas por el Clan del Golfo, la mayor organización narcoparamilitar de Colombia. El caso expone una profunda contradicción en la política antidrogas estadounidense y ha llevado al gobierno de Donald Trump a anunciar una revisión urgente de sus mecanismos de suministro.
La denuncia, publicada el pasado 26 de abril por el periódico The New York Times y liderada por los reporteros Justin Scheck, Federico Ríos y Simón Posada, detalla cómo el metal precioso extraído en condiciones de extrema violencia y devastación ambiental en la mina "La Mandinga", en el municipio de Caucasia, Antioquia, termina siendo "blanqueado" a través de una compleja cadena de suministro hasta acuñarse como monedas oficiales estadounidenses.
La ruta del oro manchado de sangre
El reportaje documenta minuciosamente el recorrido del oro. La mina "La Mandinga" opera ilegalmente con cientos de mineros, incluso dentro de los terrenos del Batallón de Infantería No. 31 Rifles del Ejército colombiano. El Clan del Golfo, designado como organización terrorista por USA 🇺🇸., controla la extracción y cobra una cuota de 400 dólares mensuales a cada equipo de mineros.
Allí, los mineros utilizan mercurio en un proceso altamente tóxico que envenena a los trabajadores y contamina las fuentes de agua. Al final del día, venden el oro amalgamado a tiendas locales, donde comerciantes, también expuestos al veneno, lo funden en lingotes. Es en este punto donde ocurre la primera metamorfosis: el oro ilegal obtiene documentación como si fuera de pequeña minería artesanal, aunque no cumpla ninguna de las condiciones legales.
Posteriormente, los lingotes son exportados a Estados Unidos. Empresas como la refinería Dillon Gage en Texas reciben el oro colombiano y lo mezclan con metal de otros orígenes, incluidos casas de empeño mexicanas y peruanas, e incluso minas africanas con participación estatal china. Esta mezcla es la segunda metamorfosis: al combinarse con oro reciclado de joyería estadounidense, el material pierde su trazabilidad y, mediante un criterio legal flexible, pasa a ser considerado "oro estadounidense".
El paso final ocurre cuando grandes proveedores como Asahi USA, que admite refinar oro de múltiples países, lo venden a la Casa de la Moneda. La U.S. Mint, entonces, lo utiliza para acuñar sus famosas monedas de inversión American Gold Eagle, que se comercializan bajo la garantía de ser "100% oro estadounidense", lo cual es un requisito legal desde 1985.
Hipocresía oficial: la Casa de la Moneda mintió
La investigación expone una mentira institucional. Inicialmente, un portavoz de la U.S. Mint respondió al Times que todo su oro provenía de Estados Unidos. Cuando los periodistas presentaron las pruebas, la entidad corrigió su versión para afirmar que EE.UU. es la fuente "primaria" del metal.
Una auditoría del Inspector General del Departamento del Tesoro, iniciada durante el primer mandato de Trump y archivada por cinco años, ya había advertido en 2024 que la Casa de la Moneda "prácticamente" nunca preguntó a sus proveedores sobre el origen detallado del oro durante dos décadas. La investigación también señala que incluso las nuevas monedas conmemorativas con el rostro del presidente Trump podrían contener oro de estas mismas fuentes ilícitas.
Reacciones y consecuencias
La revelación ha generado una tormenta política y diplomática. El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció una investigación interna para salvaguardar "la seguridad nacional y la integridad del mercado". La Casa de la Moneda de Canadá (Royal Canadian Mint) también quedó salpicada por una investigación paralela que la vincula con oro de carteles colombianos.
Para el gobierno colombiano, el escándalo golpea en un momento delicado. El presidente Gustavo Petro ha calificado la situación como consecuencia de "malos oficiales en nómina de las mafias" y ha defendido su política de mediación internacional para que el Clan del Golfo abandone las economías ilícitas. Sin embargo, la evidencia de que la mina operaba dentro de una base militar ha desatado críticas sobre la complicidad o inoperancia de la fuerza pública colombiana.
Analistas y editoriales han calificado el caso como una muestra de la hipocresía de Washington, que acusa y sanciona a actores extranjeros mientras su propio sistema económico absorbe recursos generados por el crimen organizado. La investigación no solo pone en duda la ética del mercado de metales preciosos en tiempos de precios récord, sino que evidencia cómo la adicción global al oro termina financiando, indirectamente, la violencia y el terror que dice combatir.
Una investigación del New York Times reveló que el gobierno estadounidense compra oro extraído ilegalmente por el cartel colombiano y lo vende bajo el sello "100% americano", desatando una crisis de credibilidad y una investigación oficial.
Bogotá, Colombia – Una investigación periodística ha desatado un escándalo de dimensiones internacionales al revelar que la Casa de la Moneda de Estados Unidos (U.S. Mint) ha adquirido y convertido en monedas de inversión lingotes de oro provenientes de minas ilegales controladas por el Clan del Golfo, la mayor organización narcoparamilitar de Colombia. El caso expone una profunda contradicción en la política antidrogas estadounidense y ha llevado al gobierno de Donald Trump a anunciar una revisión urgente de sus mecanismos de suministro.
La denuncia, publicada el pasado 26 de abril por el periódico The New York Times y liderada por los reporteros Justin Scheck, Federico Ríos y Simón Posada, detalla cómo el metal precioso extraído en condiciones de extrema violencia y devastación ambiental en la mina "La Mandinga", en el municipio de Caucasia, Antioquia, termina siendo "blanqueado" a través de una compleja cadena de suministro hasta acuñarse como monedas oficiales estadounidenses.
La ruta del oro manchado de sangre
El reportaje documenta minuciosamente el recorrido del oro. La mina "La Mandinga" opera ilegalmente con cientos de mineros, incluso dentro de los terrenos del Batallón de Infantería No. 31 Rifles del Ejército colombiano. El Clan del Golfo, designado como organización terrorista por USA 🇺🇸., controla la extracción y cobra una cuota de 400 dólares mensuales a cada equipo de mineros.
Allí, los mineros utilizan mercurio en un proceso altamente tóxico que envenena a los trabajadores y contamina las fuentes de agua. Al final del día, venden el oro amalgamado a tiendas locales, donde comerciantes, también expuestos al veneno, lo funden en lingotes. Es en este punto donde ocurre la primera metamorfosis: el oro ilegal obtiene documentación como si fuera de pequeña minería artesanal, aunque no cumpla ninguna de las condiciones legales.
Posteriormente, los lingotes son exportados a Estados Unidos. Empresas como la refinería Dillon Gage en Texas reciben el oro colombiano y lo mezclan con metal de otros orígenes, incluidos casas de empeño mexicanas y peruanas, e incluso minas africanas con participación estatal china. Esta mezcla es la segunda metamorfosis: al combinarse con oro reciclado de joyería estadounidense, el material pierde su trazabilidad y, mediante un criterio legal flexible, pasa a ser considerado "oro estadounidense".
El paso final ocurre cuando grandes proveedores como Asahi USA, que admite refinar oro de múltiples países, lo venden a la Casa de la Moneda. La U.S. Mint, entonces, lo utiliza para acuñar sus famosas monedas de inversión American Gold Eagle, que se comercializan bajo la garantía de ser "100% oro estadounidense", lo cual es un requisito legal desde 1985.
Hipocresía oficial: la Casa de la Moneda mintió
La investigación expone una mentira institucional. Inicialmente, un portavoz de la U.S. Mint respondió al Times que todo su oro provenía de Estados Unidos. Cuando los periodistas presentaron las pruebas, la entidad corrigió su versión para afirmar que EE.UU. es la fuente "primaria" del metal.
Una auditoría del Inspector General del Departamento del Tesoro, iniciada durante el primer mandato de Trump y archivada por cinco años, ya había advertido en 2024 que la Casa de la Moneda "prácticamente" nunca preguntó a sus proveedores sobre el origen detallado del oro durante dos décadas. La investigación también señala que incluso las nuevas monedas conmemorativas con el rostro del presidente Trump podrían contener oro de estas mismas fuentes ilícitas.
Reacciones y consecuencias
La revelación ha generado una tormenta política y diplomática. El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció una investigación interna para salvaguardar "la seguridad nacional y la integridad del mercado". La Casa de la Moneda de Canadá (Royal Canadian Mint) también quedó salpicada por una investigación paralela que la vincula con oro de carteles colombianos.
Para el gobierno colombiano, el escándalo golpea en un momento delicado. El presidente Gustavo Petro ha calificado la situación como consecuencia de "malos oficiales en nómina de las mafias" y ha defendido su política de mediación internacional para que el Clan del Golfo abandone las economías ilícitas. Sin embargo, la evidencia de que la mina operaba dentro de una base militar ha desatado críticas sobre la complicidad o inoperancia de la fuerza pública colombiana.
Analistas y editoriales han calificado el caso como una muestra de la hipocresía de Washington, que acusa y sanciona a actores extranjeros mientras su propio sistema económico absorbe recursos generados por el crimen organizado. La investigación no solo pone en duda la ética del mercado de metales preciosos en tiempos de precios récord, sino que evidencia cómo la adicción global al oro termina financiando, indirectamente, la violencia y el terror que dice combatir.
