martes, 24 de marzo de 2026
Abogados denuncian "homonimia de persona" en la entrega de Reos a los EU
Abogados denuncian "homonimia de persona" en la entrega de Reos a los EU.
-Documentos oficiales demuestran que un ciudadano fue enviado por error, como el presunto líder de sicarios del CJNG conocido como "el Delta 1".
Redacción
Continúan las denuncias en contra del gobierno federal por violaciones graves a los derechos humanos y garantías constitucionales de personas detenidas en México acusadas de presuntos delitos cometidos en el territorio nacional, y trasladadas a los Estados Unidos de América (EUA) para ser juzgadas en dicha nación.
Abogados defensores que califican los traslados masivos realizados a principios de 2026 como "destierros" o extradiciones ilegales, al no seguirse el proceso formal establecido por ley, denuncian un caso de homonimia.
Se trata de Armando Gómez Núñez de 46 años de edad, quien fue detenido en Jalisco en el 2024 al ser identificado "erróneamente" por la Secretaría de la Defensa Nacional como un alto líder de la célula de sicarios "Los Deltas", brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán y Jalisco, denunció su Abogado, Víctor Beltrán.
"Mi cliente nació el 26 de Mayo de 1979 y el llamado Delta 1, el 27 de Agosto de 1974; fecha y año de registro que tiene la solicitud de extradición de los EUA", explicó el experto en derecho al enfatizar que el gobierno federal además "violó el debido proceso y garantías individuales" pues su cliente cuenta con dos suspensiones; una contra la orden de extradición y otra contra el destierro.
En entrevista Beltrán García, sostuvo que autoridades de México con tal de quedar bien con el gobierno de Donald Trump, se saltaron los procedimientos formales, lo que constituye una violación al derecho de defensa.
"Violaron el artículo 22 constitucional mexicano, el cual prohíbe penas inusitadas y la extradición de nacionales sin el debido procedimiento" argumentó el experto en Derecho al resaltar que lo peor del caso; en lo concerniente a su cliente es que es víctima de Homonimia.
-Documentos oficiales demuestran que un ciudadano fue enviado por error, como el presunto líder de sicarios del CJNG conocido como "el Delta 1".
Redacción
Continúan las denuncias en contra del gobierno federal por violaciones graves a los derechos humanos y garantías constitucionales de personas detenidas en México acusadas de presuntos delitos cometidos en el territorio nacional, y trasladadas a los Estados Unidos de América (EUA) para ser juzgadas en dicha nación.
Abogados defensores que califican los traslados masivos realizados a principios de 2026 como "destierros" o extradiciones ilegales, al no seguirse el proceso formal establecido por ley, denuncian un caso de homonimia.
Se trata de Armando Gómez Núñez de 46 años de edad, quien fue detenido en Jalisco en el 2024 al ser identificado "erróneamente" por la Secretaría de la Defensa Nacional como un alto líder de la célula de sicarios "Los Deltas", brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán y Jalisco, denunció su Abogado, Víctor Beltrán.
"Mi cliente nació el 26 de Mayo de 1979 y el llamado Delta 1, el 27 de Agosto de 1974; fecha y año de registro que tiene la solicitud de extradición de los EUA", explicó el experto en derecho al enfatizar que el gobierno federal además "violó el debido proceso y garantías individuales" pues su cliente cuenta con dos suspensiones; una contra la orden de extradición y otra contra el destierro.
En entrevista Beltrán García, sostuvo que autoridades de México con tal de quedar bien con el gobierno de Donald Trump, se saltaron los procedimientos formales, lo que constituye una violación al derecho de defensa.
"Violaron el artículo 22 constitucional mexicano, el cual prohíbe penas inusitadas y la extradición de nacionales sin el debido procedimiento" argumentó el experto en Derecho al resaltar que lo peor del caso; en lo concerniente a su cliente es que es víctima de Homonimia.
Ecocidio: El desastre petrolero sigue afectando al Golfo de México, denuncia Greenpeace
Lino Calderón
A tres semanas de detectar un derrame de petróleo en playas y lagunas de Veracruz y Tabasco, la mancha de crudo en el Golfo de México sigue expandiéndose, con impactos severos en los ecosistemas y comunidades habitantes de las diversas zonas afectadas.
Desde el 1 de marzo, se registraron por primera vez reportes de chapopote en Tamiahua, Tuxpan y Cazones, en el norte de Veracruz. Al momento, el hidrocarburo se ha extendido a lo largo de 630 kilómetros de litoral, correspondiente a casi la extensión completa del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México, el cual va desde la laguna de Tamiahua, en Veracruz, hasta Paraíso, Tabasco.
Hasta este momento, las autoridades siguen sin aclarar la fuente de origen del derrame, por lo que tampoco es posible asegurar que éste haya dejado de ocurrir; y tampoco ha sido posible la identificación y sanción a los responsables.
La empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) informó en un comunicado del 19 de marzo que "las labores de limpieza registran un avance general aproximado del 85%", enfatizando la limpieza en el mar y en los sitios Playa Barillas, Playa Linda y Jicacal. Sin embargo, en los registros de la Red del Corredor Arrecifal junto con las comunidades, se puede observar que hay un total de 26 sitios que no han recibido ninguna atención: en 9 sitios se ha realizado limpieza únicamente por las comunidades; en 8 sitios la limpieza la han realizado autoridades junto con comunidades, y en 8 sitios la limpieza ha sido realizada por parte de Pemex.
La emergencia no es sólo ambiental, sino también presenta un aspecto social altamente grave que amerita, aparte de la limpieza -indispensable y crucial-, otras acciones de atención a la emergencia que son obligaciones de las autoridades y empresas implicadas. Especialmente preocupante es la situación de vulnerabilidad de las comunidades pesqueras, indígenas y afrodescendientes, que han realizado labores de limpieza sin contar con el equipo ni la capacitación adecuados. Además han sufrido importantes afectaciones económicas y, hasta la fecha, no han recibido indemnización alguna, ya que los apoyos destinados al sector pesquero no pueden considerarse como tal.
Esteban Hernández Hernández, representante del campamento tortuguero y el Centro Ecoturístico Los Arrecifes señala: "aún sigue saliendo crudo y en toda la playa, contamos con 7 kilómtetros de playa en donde anidan las tortugas, la empresa no se ha hecho responsable como tal. En realidad estamos muy tristes; nosotros vivimos del turismo y nos hemos dedicado a cuidar las tortugas marinas, entonces vengo a correr la voz para que vean todos estos desastres, lo que ha sucedido con las empresas petroleras. Nos ha pegado muy fuerte a nivel estado, porque el petróleo sabemos que ha transcurrido hasta Tuxpan y hay un promedio de contaminación de 630 kilómetros, y ha afectado mucho los arrecifes de corales, y el crudo está ahí, sigue estancado y no sabemos quién se va a hacer cargo de todos esos daños."
Frente a este escenario, es importante resaltar e insistir en que, aunque la responsabilidad sea de una empresa privada o no, las autoridades federales tienen la obligación de supervisar, regular y reparar los impactos en los ecosistemas marinos y costeros. Por ello, la Red Corredor Arrecifal y las
comunidades y organizaciones firmantes hacemos un llamado urgente:
-a la sociedad civil: a sumarse a exigir atención efectiva e inmediata a está contingencia socioambiental por parte de las autoridades responsables, así como colaborar en la documentación de la situación y apoyar
las iniciativas comunitarias de limpieza y restauración
-a la Secretaría de Energía y a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector: suspender las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos conforme el artículo 79e de la Ley del Sector de Hidrocarburo como medida precautoria, así como transparentar las fuentes de origen y sancionar a los responsables.
-a las autoridades competentes: establecer esquemas de protección para el Corredor Arrecifal del Golfo de México y para las comunidades pesqueras y turísticas, indígenas y afromexicanas ante la industria de hidrocarburos, asegurando los derechos humanos y colectivos a un ambiente sano, al territorio, a la vida, a la salud, a la información, al trabajo, la alimentación, la cultura y la autodeterminación.
A tres semanas de detectar un derrame de petróleo en playas y lagunas de Veracruz y Tabasco, la mancha de crudo en el Golfo de México sigue expandiéndose, con impactos severos en los ecosistemas y comunidades habitantes de las diversas zonas afectadas.
Desde el 1 de marzo, se registraron por primera vez reportes de chapopote en Tamiahua, Tuxpan y Cazones, en el norte de Veracruz. Al momento, el hidrocarburo se ha extendido a lo largo de 630 kilómetros de litoral, correspondiente a casi la extensión completa del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México, el cual va desde la laguna de Tamiahua, en Veracruz, hasta Paraíso, Tabasco.
Hasta este momento, las autoridades siguen sin aclarar la fuente de origen del derrame, por lo que tampoco es posible asegurar que éste haya dejado de ocurrir; y tampoco ha sido posible la identificación y sanción a los responsables.
La empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) informó en un comunicado del 19 de marzo que "las labores de limpieza registran un avance general aproximado del 85%", enfatizando la limpieza en el mar y en los sitios Playa Barillas, Playa Linda y Jicacal. Sin embargo, en los registros de la Red del Corredor Arrecifal junto con las comunidades, se puede observar que hay un total de 26 sitios que no han recibido ninguna atención: en 9 sitios se ha realizado limpieza únicamente por las comunidades; en 8 sitios la limpieza la han realizado autoridades junto con comunidades, y en 8 sitios la limpieza ha sido realizada por parte de Pemex.
La emergencia no es sólo ambiental, sino también presenta un aspecto social altamente grave que amerita, aparte de la limpieza -indispensable y crucial-, otras acciones de atención a la emergencia que son obligaciones de las autoridades y empresas implicadas. Especialmente preocupante es la situación de vulnerabilidad de las comunidades pesqueras, indígenas y afrodescendientes, que han realizado labores de limpieza sin contar con el equipo ni la capacitación adecuados. Además han sufrido importantes afectaciones económicas y, hasta la fecha, no han recibido indemnización alguna, ya que los apoyos destinados al sector pesquero no pueden considerarse como tal.
Esteban Hernández Hernández, representante del campamento tortuguero y el Centro Ecoturístico Los Arrecifes señala: "aún sigue saliendo crudo y en toda la playa, contamos con 7 kilómtetros de playa en donde anidan las tortugas, la empresa no se ha hecho responsable como tal. En realidad estamos muy tristes; nosotros vivimos del turismo y nos hemos dedicado a cuidar las tortugas marinas, entonces vengo a correr la voz para que vean todos estos desastres, lo que ha sucedido con las empresas petroleras. Nos ha pegado muy fuerte a nivel estado, porque el petróleo sabemos que ha transcurrido hasta Tuxpan y hay un promedio de contaminación de 630 kilómetros, y ha afectado mucho los arrecifes de corales, y el crudo está ahí, sigue estancado y no sabemos quién se va a hacer cargo de todos esos daños."
Frente a este escenario, es importante resaltar e insistir en que, aunque la responsabilidad sea de una empresa privada o no, las autoridades federales tienen la obligación de supervisar, regular y reparar los impactos en los ecosistemas marinos y costeros. Por ello, la Red Corredor Arrecifal y las
comunidades y organizaciones firmantes hacemos un llamado urgente:
-a la sociedad civil: a sumarse a exigir atención efectiva e inmediata a está contingencia socioambiental por parte de las autoridades responsables, así como colaborar en la documentación de la situación y apoyar
las iniciativas comunitarias de limpieza y restauración
-a la Secretaría de Energía y a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector: suspender las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos conforme el artículo 79e de la Ley del Sector de Hidrocarburo como medida precautoria, así como transparentar las fuentes de origen y sancionar a los responsables.
-a las autoridades competentes: establecer esquemas de protección para el Corredor Arrecifal del Golfo de México y para las comunidades pesqueras y turísticas, indígenas y afromexicanas ante la industria de hidrocarburos, asegurando los derechos humanos y colectivos a un ambiente sano, al territorio, a la vida, a la salud, a la información, al trabajo, la alimentación, la cultura y la autodeterminación.
Muere Jorge Kahwagi Gastine a los 85 años
Lino Calderón
El empresario Jorge Kahwagi Gastine falleció a los 85 años, este lunes 23 de marzo.
A lo largo de su trayectoria profesional, Kahwagi Gastine fue presidente del periódico La Crónica de Hoy, fundador de Inmobiliaria Layla y dueño de la empresa Cosmocolor, que se dedica a la imprenta de credenciales oficiales como la cédula profesional o las licencias oficiales de conducir en México.
El empresario, abogado de profesión, también tuvo una fuerte presencia en el ámbito deportivo. Representó al Club de Golf Tequisquiapan.
En la academia fungió como miembro de la Junta de Gobierno del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, además fue integrante de la Barra del Colegio de Abogados de México.
Kahwagi Gastine formó parte de una familia de empresarios y políticos con amplia presencia en México.
También se desempeñó como líder empresarial, al presidir la Canacintra (Cámara Nacional de la Industria de la Transformación).
En el terreno académico, Kahwagi Gastine estableció los Premios La Crónica que se convirtieron en referencia para el mundo científico y académico en México.
El empresario Jorge Kahwagi Gastine falleció a los 85 años, este lunes 23 de marzo.
A lo largo de su trayectoria profesional, Kahwagi Gastine fue presidente del periódico La Crónica de Hoy, fundador de Inmobiliaria Layla y dueño de la empresa Cosmocolor, que se dedica a la imprenta de credenciales oficiales como la cédula profesional o las licencias oficiales de conducir en México.
El empresario, abogado de profesión, también tuvo una fuerte presencia en el ámbito deportivo. Representó al Club de Golf Tequisquiapan.
En la academia fungió como miembro de la Junta de Gobierno del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, además fue integrante de la Barra del Colegio de Abogados de México.
Kahwagi Gastine formó parte de una familia de empresarios y políticos con amplia presencia en México.
También se desempeñó como líder empresarial, al presidir la Canacintra (Cámara Nacional de la Industria de la Transformación).
En el terreno académico, Kahwagi Gastine estableció los Premios La Crónica que se convirtieron en referencia para el mundo científico y académico en México.