El pasado martes 9 de mayo los legisladores de morena en la CDMX aprobaron la Ley Godoy que permite la ratificación de la actual Fiscal Carnal Ernestina Godoy, la aprobación de la iniciativa se hizo en medio de protestas afuera del recinto de donceles, en donde los manifestantes trataban a toda costa impedir la votación del dictamen.
Sin la presencia de diputados de oposición y con el recinto legislativo rodeado de manifestantes y policías, el Congreso de la Ciudad de México aprobó, por mayoría de votos, modificaciones a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia Capitalina (FGJCDMX) que, en los hechos, facilitan la ratificación por cuatro años más de la Fiscal Ernestina Godoy Ramos.
La "Ley Godoy", como la llamaron los diputados del PAN, fue aceptada por 34 votos a favor, uno en contra de la diputada del PRD, Polimnia Romana, y una abstención, del priista y presidente de la Mesa Directiva, Fausto Zamorano.
Sobre estos hechos el licenciado en Derecho Fernando Jiménez Olivares menciona que la administración de la justicia es una de las primeras vocaciones del Estado y la procuración de justicia es una de sus mayores garantías de estabilidad para una sociedad. Sin Ministerio Público, no habrá persecución de los delitos del orden común.
La Fiscalía General de Justicia, tiene la responsabilidad para la prevención, investigación, persecución de los delitos y garantizar la impartición de justicia, y no restringir los derechos del ciudadano y al debido proceso, para garantizar el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas frente a los riesgos y las amenazas que atenten contra el ejercicio pleno de sus derechos y libertades.
Opino que la procuración de justicia es, entre otras, una de las grandes exigencias de la ciudadanía para que se investiguen de manera pronta, expedita e imparcial, los feminicidios, homicidios, robos, asaltos, extorsiones, despojo de propiedad y una enorme lista de delitos que se quedan sin ser perseguidos, lo que demanda una justa respuesta por parte de la autoridad a las demandas de justicia, las cuales, como obligación constitucional, requieren ser atendidas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
En la procuración de justicia, así como en la emisión de políticas públicas orientadas a la reducción de índices delictivos, no debe haber colores de partidos, no debe haber intereses políticos más allá del interés superior que radica en la protección jurídica en el bienestar de nuestra sociedad y que es, por lo tanto, la razón de ser del trabajo del poder legislativo.
La labor de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, debe mantenerse siempre apartada de los intereses de los gobernantes, pues lo hemos visto reiteradamente, la Fiscalía de la Ciudad de México no es autónoma, como lo ordena el Artículo 44, apartado A, numeral 1, de la Constitución Política Local.
En virtud de ello, tenemos una fiscal que bajo circunstancias políticas convenientes, crea carpetas de investigación que imputan a los adversarios del gobierno; de esta forma, contamos con una fiscal que persigue adversarios de su partido político.
El ejemplo podría ser el tema del llamado Cartel Inmobiliario, que se ha constituido como un mecanismo institucional para limitar la acción política de los adversarios, encarcelando a cuantos sea necesario para dar un circo mediático y advertir sobre los alcances de sus actos de autoridad.
Lo anterior se refuerza con el hecho de que no se consigna a servidores públicos de la actual administración que cometen delitos ya sea por acción o por omisión, ni siquiera se les cita a presentarse ante el Ministerio Público, como debió hacerlo en el caso del sistema de transporte colectivo metro y la Línea 12. Y las víctimas y sus familias siguen pidiendo por justicia.
En el Poder Legislativo, se deben establecer los mecanismos legales que generen una administración eficaz y transparente de la justicia, con voluntad para alcanzar la más oportuna coordinación entre los diferentes actores responsables de la seguridad pública y procuración de justicia, que le permita a la Ciudad de México tener mayores condiciones de paz, tranquilidad, estabilidad y por tanto, un desarrollo incluyente, igualitario, imparcial y con rostro humano.
Es la propia Constitución de la Ciudad de México, la que establece los principios y los mecanismos para consolidar la procuración de justicia y la persecución de los delitos. Por lo cual obligación de la fiscalía radica en realizar la investigación de los delitos, a través del Ministerio Público y a las policías investigadoras, las cuales actuarán bajo su mando.
Desafortunadamente, en días recientes la ciudadanía fuimos testigos de la opacidad y la falta de ética desde el poder legislativo local. Ya que, en un afán por proteger los malos manejos de la administración pública, la mayoría en el Congreso Local, reformó la Ley Orgánica de la Fiscalía, para alistar el camino a una reelección de la actual Fiscal. Su proceso de ratificación debería estar basada en resultados.
Aunado a ello, de tener en una verdadera procuración de justicia, con bajos niveles de delincuencia, con altos procedimientos en la consignación de carpetas de investigación.
Las demandas sociales que observamos todos los días son las mismas, es decir, que se busque a los responsables de la comisión de un delito, se les presente ante un juez y se les sancione de manera oportuna, adecuada y contundente, lo cual, al parecer, sigue siendo una obligación incumplida por parte de la autoridad competente en materia de procuración de justicia de la Ciudad de México.
Así mismo, lo que ocurrió recientemente en el Congreso de la Ciudad de México, a todas luces, fue ajustar la Ley para mantener a una persona responsable de la Fiscalía "que sea amiga", evitando un proceso selección para ser convertido en un proceso de designación directa.
No podemos confiar en una Fiscalía con estas características, que no es autónoma y no atiende a la ciudadanía.
