Por: Noel F. Alvarado
El Gobierno de México no permitirá que en las próximas elecciones decida el partido del crimen, ni se doblegue a la democracia, advirtió la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.
Al presentar los avances de la Estrategia de Protección en Contexto Electoral durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la servidora pública explicó que el objetivo principal es salvaguardar la seguridad de los candidatos en coordinación con los distintos niveles de gobierno y para lo cual existe un centro de monitoreo que opera las 24 horas del día.
"No, no de ninguna manera se doblegará a la democracia, y que quien decida siempre sea el pueblo mexicano", aseguró.
Desde que se anunció la Estrategia de Protección en Contexto Electoral, el pasado 4 de marzo, se han atendido a 117 candidatas o candidatos amenazados o agredidos, de los cuales 71 son hombres y 46 mujeres.
La secretaria aseveró que al momento se tienen registrados 103 eventos, algunos que involucran a más de un aspirante, donde en 60 se han abierto carpetas de investigación.
Rodríguez detalló que, en coordinación con las autoridades estatales, el Gobierno de México ha brindado medidas de protección a 41 candidatos, de los cuales 22 cuentan con vigilancia de policías estatales, 16 de la Guardia Nacional y tres de otras autoridades.
"Tenemos 10 casos graves relacionados con la desaparición o fallecimiento de aspirantes, 35 que han implicado atención especializada como proveerles de un botón de pánico, escoltas, teléfonos de contacto, efectuar rondines en sus domicilios, además se han analizado 58 casos en los que se han alertado sobre probable violencia", enfatizó.
La titular de la SSPC comentó que afortunadamente no se trata de un problema generalizado que se exprese con la misma intensidad en todo el país, pues más del 47 por ciento de los casos se concentran en seis entidades: Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí y Quintana Roo.
Indicó que, del total de candidatos y candidatas atendidos al momento, 82 por ciento son aspirantes a presidentes municipales, diputaciones locales y ayuntamientos, mientras que el 18 por ciento restante contiende por gubernaturas o diputaciones federales.
La secretaria destacó el lamentable caso de Carla Enríquez Merlín, aspirante a la candidatura a la presidencia municipal de Cosoleacaque, Veracruz, quien fue asesinada junto con su madre Gladys Merlín Castro, el pasado 15 de febrero.
Un hecho doloroso que atenta contra la vida y la democracia, indicó, y por el cual ya hay dos personas de su círculo cercano vinculadas a proceso penal, también hay otras órdenes de aprehensión a punto de ejecutarse por los delitos de feminicidio y el robo de alrededor de 3 millones de pesos, joyas y relojería, además que aún no se descartan otras líneas de investigación.
Otro caso lamentable, dijo, es el asesinato de Julio César Galindo, ex presidente de Coparmex en San Luis Potosí, por cuya investigación la Fiscalía del estado ha cumplimentado cuatro órdenes de aprehensión de personas con quien tuvo diferencias por negocios, una de ellas también con aspiraciones políticas a la presidencia municipal de Chalma, Veracruz.
Destacó la detención reciente por parte del Gobierno del estado de Guanajuato, de los responsables en el asesinato del ex diputado Juan Antonio Acosta Cano, quien pretendía contender por la presidencia municipal de Juventino Rosas, en Guanajuato. Se encuentran involucrados también servidores públicos del propio municipio.
"Como estos tres casos, esperamos que ningún otro quede impune; una buena noticia es que ya apareció, que se encontraron con vida a la familia Villaseñor Romo, nos informa la Fiscalía del estado de Jalisco, en una acción en colaboración de esa fiscalía, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Conase, donde más de 200 elementos intervinieron en la búsqueda y se continúa con las investigaciones para el castigo de los responsables", subrayó.
La también coordinadora del Gabinete de Seguridad Nacional apuntó que para implementar la estrategia se estableció una mesa de trabajo para tomar las previsiones necesarias diariamente sobre posibles amenazas y agresiones contra candidatos y candidatas.
Para ello, dijo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana unió fuerzas con la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y otras dependencias.
Enfatizó que todos los aspirantes a los más de 21 mil cargos públicos que se elegirán el próximo 6 de junio, sin importar colores o ideologías, pueden tener la seguridad de que no están solos.
"También se ha tenido intensa comunicación, colaboración, con los señores y señora gobernadora, la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública y otras autoridades estatales, a través de las Mesas de Construcción de Paz y Seguridad, a fin de establecer y acordar los procedimientos a seguir", aseveró.
Mencionó que la Mesa Nacional de la Estrategia estableció un Centro de Monitoreo que opera las 24 horas, los siete días de la semana, con más de 100 servidores públicos capacitados para brindar la atención, para que los candidatos y candidatas puedan llamar al 911 en caso de una emergencia.
Recordó a candidatos y candidatas el protocolo para su atención, donde primero deben denunciar o dar aviso a las autoridades si reciben amenazas o son víctimas de agresiones para la apertura de carpetas de investigación y a partir de ahí, se coordina la atención en las Mesas de Paz en conjunto con las entidades federativas y la Mesa Nacional de la Estrategia, para establecer el esquema de protección.
La titular de la SSPC reiteró que candidatos y candidatas a gubernaturas y diputaciones federales son protegidos por el Gobierno de México, mientras que los aspirantes a otros cargos reciben el apoyo en coordinación con el Gobierno de México de las autoridades estatales y las municipales.
