Por: Noel F. Alvarado.
El Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Víctor Hugo Lobo Román propuso al gobierno de la ciudad un "Plan Integral de Protección a la Niñez" que incluya: un Censo, seguimiento y control de niños indígenas y de la calle, su incorporación al ISSSTE o IMSS, becas económicas, endurecimiento de la leyes contra sus agresores, apoyos a las organizaciones sociales, y una mayor coordinación entre las autoridades municipales, locales y federales en la protección a los menores.
Dijo que en la ciudad de México hay más de 785 mil indígenas de los cuales 180 mil son niños menores de 15 años de edad, y más de 4 mil niños de la calle que se encuentran en riesgo de ser "reclutados" por la delincuencia organizada para realizar actividades delictivas que van desde la vigilancia en las calles, (halcones), narcomenudeo en escuelas públicas, parques o jardines, incluso hasta de sicarios.
Agregó que el caso de los niños mazahuas asesinados en el centro de la ciudad, presuntamente por integrantes de la Unión Tepito, debe encender los "focos rojos" en el gobierno central, pues puede ser indicio de la forma en la que el crimen organizado recluta a los niños vulnerables, indígenas o de la calle.
El también coordinador del grupo parlamentario del PRD, dijo que el problema al que se enfrentan las personas indígenas en la capital es que los padres salen a trabajar y sus hijos quedan solos, lo que ha provocado que muchos de ellos caigan en vicios o sea más fácil que se integren a grupos delictivos.
Lobo Román recordó que el artículo 16, fracción K, de la nueva Constitución Política de la Ciudad de México, establece que es obligación del estado proteger a las personas que habitan y sobreviven en las calles y las autoridades deben garantizar todos sus derechos, impidiendo acciones de reclusión, desplazamiento forzado, tratamiento de rehabilitación, internamiento en instituciones o cualquier otra, sin su autorización.
Esta ley, dijo, establece que se deben implementar medidas destinadas a superar su situación de calle, salvaguardando la dignidad y el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en situación de calle.
No obstante, la organización Red por los Derechos de la Infancia en México refiere que en nuestro país cada día desaparecen 7 niños, niñas y adolescentes, la mayoría de los casos no se resuelven.
Del 1 de enero al 21 de julio del presente año han sido reportados como desaparecidos mil 970 niños y de acuerdo con el nuevo Registro Nacional de Personas Desaparecidas, entre 2000 y 2017 solo el 5.6% de menores de 12 años, hombres, fueron localizados con vida. En el caso de niñas el porcentaje es menor, solo el 5.1%.
Asimismo establece que en los últimos dos años México pasó de 3.6 homicidios y feminicidios infantiles a 7.0 diarios, es decir que en los dos últimos años los feminicidios de niñas y adolescentes aumentaron un 39 por ciento, en lo que va del 2020, se han documentado 93 por ciento
Recordó que de acuerdo con datos del INEGI en el 2018 vivían en la capital del país más de 700 mil indígenas y de éstos, poco más de 122 mil personas de cinco años o más hablan alguna lengua originaria. La mayoría de ellos son de los estados de México, Puebla, Hidalgo, Guerrero y Oaxaca.
Asimismo precisó que la mayoría de las poblaciones indígenas se concentran en las alcaldías Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Iztacalco y Venustiano Carranza.
Lobo Román consideró que este es un problema multicausal que debe ser atendido con prontitud y como prioridad, los gobiernos locales y el federal deben instrumentar políticas públicas que garanticen la paz en la capital del país, brindar condiciones sanas de convivencia social y sobre todo reforzar un eficaz sistema de justicia, ya que a la fecha de cada 100 carpetas de investigación donde niños y niñas son víctimas, sólo tres alcanzan algún tipo de sentencia y el resto, permanecen en proceso.
Agregó que el Plan Integral de Protección a la Niñez que propone exige la participación de expertos en la materia, de la sociedad civil, de las organizaciones sociales, académicos y sobre todo la disposición de las autoridades para impedir que el activo más importante de nuestra sociedad, como son los niños, se encuentren a merced de la delincuencia organizada.
