Por: Noel F. Alvarado
El manejo responsable de los recursos públicos es una condición imprescindible para alcanzar el bienestar de las y los habitantes y atender impactos de hechos no previstos, situación por la cual, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), ha enfocado todos sus esfuerzos en entregar una hacienda sana y en equilibrio, aseguró Julieta González Méndez, titular de la dependencia.
Durante su comparecencia ante las comisiones unidas de Hacienda y Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, para informar sobre el estado que guardan las finanzas públicas, con motivo de la Glosa del Sexto Informe de Gobierno, señaló que el ejercicio de recursos públicos bajo los criterios de austeridad, racionalidad, eficiencia, eficacia, economía transparencia y honradez ha sido premisa en la actual administración.
González Méndez destacó que uno de los principales objetivos ha sido la búsqueda de mayores ingresos para una provisión sostenible de más y mejores bienes, así como servicios destinados a satisfacer las necesidades de la población en materia de salud, seguridad pública, procuración de justicia, movilidad urbana, agua potable, drenaje, alumbrado público, recolección de desechos, entre otros.
Como parte de las acciones enfocadas a la política social, refirió el otorgamiento de apoyos económicos a 525 mil adultos de 68 años y más, a 73 mil 291 personas con discapacidad, becas a estudiantes del Programa "Prepa Sí", apoyos a "Niñas y Niños Talento", atención médica y hospitalaria a población sin acceso a la seguridad social, descuentos por pago anticipado del Impuesto Predial y el subsidio al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos para personas de escasos recursos.
La secretaria explicó que para fortalecer las fuentes de ingresos, a fin de financiar el quehacer gubernamental y mejorar la asignación presupuestal para la provisión de bienes y servicios a la población, se ha realizado un manejo responsable de la capacidad de endeudamiento, como una fuente complementaria de recursos para concretar proyectos de obra pública productiva.
Expuso que el saldo de la deuda pública del gobierno capitalino, a septiembre de 2018, se situó en 77 mil 599.89 millones de pesos, que representan 2.0% del Producto Interno Bruto (PIB) Estatal. Este resultado, significó un desendeudamiento real de 3.7% con respecto al cierre de 2017. "Dicho manejo ha permitido que, pese a las turbulencias en los mercados financieros internacionales, las principales calificadoras hayan mantenido las más altas evaluaciones para la deuda pública de la ciudad".
Mencionó que gracias al nivel de confianza crediticia en la CDMX, en diciembre de 2016, se logró la colocación, en la Bolsa Mexicana de Valores, del primer Bono Verde para un gobierno local en el país, situación que ha permitido diversificar las fuentes de financiamiento y superar el impacto negativo que han tenido sobre la economía nacional y local el entorno macroeconómico adverso.
Señaló que los ingresos propios representaron casi la mitad (49.6%) de los ingresos del sector público presupuestario, por lo que la participación porcentual alcanzada permitió consolidar a la urbe como la entidad con mayor autosuficiencia financiera del país.
En este sentido, refirió que se logró una modernización sin precedentes en los mecanismos con los que cuenta el contribuyente para efectuar sus pagos, el cual pasó de 3 mil 225 opciones en 2012, a una oferta de 8 mil 473 puntos registrados en 2018, cifra que representa un incremento mayor a 160 por ciento, con la incorporación de más tiendas de autoservicio, departamentales, de conveniencia, kioscos, por citar algunos.
Asimismo, se aumentó el nivel de recaudación ampliando la base de contribuyentes, sin crear nuevos impuestos y llevando a cabo solo modificaciones para resarcir el efecto inflacionario, gracias a lo cual, la Ciudad de México se ha mantenido como la entidad federativa con mayor nivel de participación porcentual en el PIB nacional con alrededor de 17.1% en promedio durante el periodo de 2005-2016. Además, la tasa de crecimiento anual del Producto Interno Bruto de la metrópoli en 2016 fue de 4.3%, superior al 2.7% a nivel nacional para el mismo año.
González Méndez subrayó que de acuerdo con el índice de competitividad urbana 2016, la CDMX es la entidad federativa más atractiva para la inversión, así como la de mayor recepción de Inversión Extranjera Directa (IED) en México en lo que va del 2018, con el 24.0% del total nacional, situación que la ubica como el principal motor del crecimiento de la economía mexicana.
Al primer semestre de 2018, los ingresos totales del Sector Público Presupuestario de la ciudad ascendieron a 131 mil 556 millones de pesos, lo que significó un incremento real anual de 4.8% y p ara el tercer trimestre de 2018 estos Ingresos se ubicaron en 186 mil 561.6 millones de pesos, 8% superiores a lo estimado en la Ley de Ingresos de la Ciudad de México.
Ante diputadas y diputados, la secretaria destacó las acciones realizadas a favor de las personas afectadas por los sismos de 2017 y comentó que en ese año se ejercieron 2 mil 497.9 millones de pesos del FONADEN-CDMX y 173.7 millones de pesos del FONDEN para enfrentar la emergencia; mientras que al mes de octubre de 2018, la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, en una CDMX cada vez más Resiliente ha autorizado planes de acción por 6 mil 371.3 millones de pesos.
González Méndez indicó que también se han mantenido acciones a favor del Capital Humano como el programa de escalafón digitalizado para que los trabajadores puedan obtener un mejor nivel salarial, la plataforma digital para el trámite de pago de prestaciones, la operación del programa de la Universidad Laboral en Línea, el Programa para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, entre otros.
Finalmente, manifestó que en lo que resta de la administración, la Secretaría de Finanzas continuará trabajando bajo las directrices de eficiencia, eficacia, racionalidad, transparencia, austeridad, así como la sobriedad y uso racional de los recursos públicos, además de continuar con los procesos recaudatorios que permitan la obtención de mayores ingresos para asegurar la provisión de bienes y servicios así como la continuidad de los programas sociales en beneficio de las y los habitantes.
